Facua ha denunciado que las compañías eléctricas facturarían «ilegalmente» unos 37,24 millones de euros anuales «de más» al aplicar una tarifa por el alquiler de los contadores digitales sin telegestión que la ley sólo permite si están integrados en un sistema de gestión telemática.

La asociación advirtió en un comunicado de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido a las eléctricas que bajen un 33% la tarifa de los contadores digitales sin telegestión.

En la actualidad, según las estimaciones del Ministerio de Industria, hay 9,5 millones de nuevos contadores instalados, el 35% del total, por lo que Facua estima que las eléctricas facturarían «ilegalmente» a los usuarios alrededor de 37,24 millones de euros anuales.

De hecho, Facua ya presentó en noviembre una batería de denuncias contra las cinco principales distribuidoras eléctricas que operan en España (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP HC Energía y E.ON) por «irregularidades» en las tarifas aplicadas en el alquiler de los nuevos contadores. En este sentido, reclama a las autoridades competentes que impongan a las compañías la devolución de «decenas de millones de euros cobrados de más a los usuarios» al aplicarles tarifas que la normativa limita a equipos de medida integrados en un sistema de telegestión.

CASI 4 EUROS «DE MÁS» AL AÑO

Según Facua, el sector está cobrando a los usuarios por el alquiler de los nuevos contadores una cuota mensual de 0,9801 euros (0,81 más IVA) euros que según la normativa sólo puede aplicarse si los equipos ofrecen unas prestaciones de las que en la actualidad carecen. La cuota es un 50% más elevada que la establecida para las instalaciones que carezcan de dichas prestaciones, 0,6534 euros (0,54 más IVA).

Así, cada usuario afectado paga anualmente 3,92 euros de más (0,3267 euros al mes) por el alquiler de contadores inteligentes que «no lo son en absoluto».

De igual forma, Facua advierte de que los millones de contadores que se han sustituido hasta la fecha «no cumplen los requisitos obligatorios de integración en el sistema» que deben permitir a los consumidores funcionalidades como la discriminación horaria, la lectura remota y la disponibilidad de información referente a su consumo. Estos datos «les facilitarían adoptar medidas para un gasto más eficiente y derivarían en una reducción de sus facturas», añadió.

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