Facua-Consumidores en Acción exigió este viernes al Gobierno que «deje de esconder» el bono social eléctrico y aumente el número de beneficiarios obligando a las compañías eléctricas a desarrollar campañas informativas «eficientes, claras y masivas», al ser el «único instrumento dispuesto para proteger a los ciudadanos más vulnerables», pero desconocido para el 48% de los usuarios.
En un comunicado, Facua recordó que el número de beneficiarios de esta rebaja ha caído un 17,9% desde que se creó en 2009, con 537.317 usuarios menos, al pasar de 3.004.607 en 2009 a 2.467.290 en 2014, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Además, según una encuesta de la organización, el 48% de los usuarios desconocen lo que es el bono social y las condiciones para beneficiarse. Para acceder al descuento hay que tener contratada una potencia inferior a 3,3 kilovatios (kW) o, en el caso de que sea menor de 10 kW, encontrarse en uno de los tres supuestos fijados: ser pensionista con prestaciones mínimas y más de 60 años de edad, ser familia numerosa o vivir en un hogar en el que todos sus integrantes se encuentren en situación de desempleo.
En su origen, el bono social consistió en la congelación de la Tarifa de Último Recurso (0,114730 euros por kWh y 1,675202 euros por kW de potencia contratada). Sin embargo, a principios de año el Gobierno decidió cambiar el criterio. Así, se estableció un descuento del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC, que sustituyó a la TUR) de un 25%, lo que Facua considera «del todo insuficiente» y exige al Gobierno que aumente el porcentaje.
MODIFICACIÓN
De igual forma, Facua reclamó al Gobierno que no valide la modificación del bono social que ha propuesto, dado que «aún reducirá más el número de personas que podrán acceder a él», al tratarse de «un criterio de renta muy restrictivo», recogido en la nueva ley para el sector que se encuentra en tramitación en el Congreso. Esto hará, según Facua, que «incluso» estando en alguno de los tres supuestos previstos «no se pueda solicitar».
Por ello, exigió al Ejecutivo que deje de disminuir las condiciones para acceder a él y amplíe la base de beneficiarios del bono social. El máximo de ingresos se ha establecido ahora en el 120% del salario mínimo interprofesional (10.841 euros). Si en el hogar vive más de una persona, para la segunda persona el tope está en el 70% del salario mínimo (7.588 euros) y para la tercera y siguientes, el 50% (5.420 euros).
«Esto es, una familia con dos personas que reciben una pensión y la pensión es el 75% del salario mínimo quedaría fuera de poder solicitar la ayuda», indicó a modo de ejemplo Facua, que cree que con los nuevos cambios se protege a las compañías eléctricas y sus intereses.
Por otra parte, Facua volvió a alertar de que las empresas eléctricas están ofreciendo a los usuarios que ya tienen el bono social que se cambien al mercado libre, por lo que su factura de la luz sube «desproporcionadamente».
POBREZA ENERGÉTICA
Por último, hizo hincapié en que los hogares que tienen a sus miembros en paro tienen una probabilidad mayor de sufrir condiciones asociadas a la pobreza energética, la incapacidad de un hogar de tener incapacidad de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas. Algunas de estas necesidades son la de mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud o destinar más del 10% de los ingresos anuales de un hogar para pagar el recibo de la luz
Para estos dos puntos Facua exigió también la actuación del Gobierno con «medidas reales y contundentes» y que obligue a las compañías eléctricas a desarrollar campañas informativas eficientes sobre el bono social.
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