El vicepresidente y portavoz de Facua, Rubén Sánchez, mantuvo una reunión el pasado martes con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez. En ella le entregó un informe centrado en las valoraciones y propuestas de la asociación de consumidores en lo relativo al suministro eléctrico.

Entre estas propuestas se incluye, además de la mencionada reducción del IVA al 4%, la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los diez kilovatios de potencia contratada, así como “determinados límites de consumo”.

Según el equipo jurídico de Facua, este conjunto de sugerencias “no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria”. Según esta asociación, el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno “para proteger a os consumidores” quedaría justificado por los “desproporcionados” precios de la luz, la “ausencia de competencia en el sector” y “la situación económica de las familias españolas”.

Asimismo, Facua denuncia que el bono social del Gobierno de Mariano Rajoy “ha sido un fracaso aún mayor que el que se aprobó durante la etapa socialista de Zapatero”. Los principales fallos de este mecanismo, según Facua, son que supone descuentos “poco significativos” e impone niveles de renta “excesivamente bajos” para beneficiarse de él; además del hecho de que deba ser solicitado expresamente a las eléctricas, lo que provoca que un “ínfimo porcentaje de sus beneficiarios potenciales” acceda a él.