Martinsa Fadesa cuenta con plazo hasta este miércoles, 31 de diciembre, para lograr un acuerdo con sus bancos acreedores sobre su deuda concursal de unos 3.500 millones de euros que evite la liquidación de la inmobiliaria, que en 2011 superó el mayor concurso de la historia.

En esa fecha, la compañía que controla y preside Fernando Martín debe pagar un porcentaje de esta deuda (un 23%), según lo establecido en el convenio de acreedores con que emergió del concurso.

El impago de esta anualidad colocaría a Martinsa Fadesa en causa de liquidación, dado que sería el segundo incumplimiento consecutivo del convenio. La empresa aún tiene pendiente el abono del pago de deuda correspondiente a 2013.

Además, la inmobiliaria presenta un patrimonio negativo y, hasta el momento, el Gobierno no ha renovado para 2015 el cambio legislativo que aprobó hace unos años para eximir de la liquidación a las inmobiliarias con patrimonio negativo a consecuencia de la depreciación de sus activos.

Fuentes de Martinsa Fadesa manifestaron a Europa Press, la voluntad de la compañía de trabajar para conseguir un acuerdo antes de que concluya el año.

Por el momento, la compañía y sus catorce bancos acreedores negocian desde hace una semana sobre la última propuesta de la empresa, planteada el pasado lunes, 22 de diciembre

En virtud de este planteamiento, las entidades financieras pasarían a controlar el 70% del capital de la inmobiliaria en función de un calendario de canje de deuda por acciones. El 30% restante quedaría en manos de su presidente y actual primer accionista, Fernando Martín, y de su socio Antonio Martín.

UN AÑO DE NEGOCIACIÓN.

Martinsa Fadesa, que lleva un año en conversaciones con la banca, pretende con el actual proceso negociador resolver ‘in extremis’ toda la situación de la compañía.

Por ello, la inmobiliaria pretende acogerse a la reforma de la Ley Concursal que el Gobierno aprobó en septiembre y modificar el convenio de acreedores pactado en 2011 para adecuarlo a la actual situación de la empresa.

No obstante, en virtud de esta modificación, la solicitud al juez de una modificación al convenio de acreedores debe acompañarse de la nueva propuesta de convenio, lo que necesariamente pasa por un acuerdo con los bancos.

EUROPA PRESS