Por una parte, destaca que en el pasado ejercicio las regiones españolas cumplieron el objetivo de déficit “con holgura”, al cerrar en el 0,3% del PIB, tres décimas menos de lo previsto en el presupuesto de ese año (0,6%).

Fedea explica que ha sido posible porque, por primera vez desde 2007, los ingresos no financieros cerraron el año en términos similares a lo presupuestado; los ajustes de Contabilidad Nacional, que normalmente aumentan el déficit, en ese año lo redujeron en 2.000 millones (por razones que no se conocen en detalle dada la opacidad de tales ajustes), y los ingresos extraordinarios recibidos por Navarra y el País Vasco en concepto de regularizaciones a posteriori de las aportaciones y cupos pagados en los últimos años, como fruto de los recientes acuerdos de financiación firmados por estas comunidades con el Gobierno central.

Por otra parte, la fundación analiza el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 en el que las comunidades prevén aumentar su gasto en unos 6.000 millones de euros y sus ingresos en 8.000 millones en relación con lo observado en 2017. El “fuerte” aumento de los ingresos previstos se explica en parte por el crecimiento de las entregas a cuenta y de la previsión de liquidación recogidas en los PGE de 2018 y por el aumento previsto de los recursos no sujetos a entregas a cuenta y liquidación.

Al no haberse tomado medidas adicionales que aumenten los ingresos, Fedea considera que esta última partida podría estar “sobrevalorada”.

A esto añade la “dificultad” que puede haber para contener el gasto en un año preelectoral y el “agotamiento” de los efectos extraordinarios que redujeron el déficit del año anterior, especialmente en el caso de las comunidades forales.

Por todo ello, Fedea manifiesta en el informe dudas sobre el cumplimiento del objetivo de déficit de las comunidades autónomas en el ejercicio 2018.

“Si no existe una gestión rigurosa del presupuesto, las regiones sobrepasarán ligeramente el objetivo de estabilidad presupuestaria del 0,4% del PIB”, avisa la organización.

Finalmente, apunta que la situación se podría complicar aún más si no se aprueban los PGE de 2018, lo que obligaría a prorrogar las entregas a cuenta, y en ese caso, las comunidades recibirían 3.600 millones de euros menos de lo previsto y el déficit se situaría al cierre del año en el entorno del 0,8% del PIB.

“De todas formas, las comunidades autónomas pueden estar tranquilas porque esto no supone que pierdan recursos, ya que lo que reciban de menos por una inferior entrega en 2018, lo percibirán de más en 2020, con una mayor liquidación”, precisa.