Facturar seis millones de euros al año supone una línea roja para los inspectores de Hacienda, ante ello los economistas proponen mayor progresividad en los criterios

A pesar de los avances de los últimos años en materia de facilidad para hacer negocios saltar la barrera y crecer es tarea complicada para el 98,2 por ciento de las empresas españolas, es decir, para las micropymes y pymes. Entre las dificultades con las que se encuentran las compañías marca España la regulación fiscal y la intensidad de las inspecciones se han convertido en un «problema de esquinas que frena el crecimiento de las empresas». Así lo explicaba el presidente de Fedea, Ángel de la Fuente, durante la presentación del estudio sobre la Demografía empresarial en España: tendencias y regularidades. 

La realidad es que alcanzar un volumen de facturación de seis millones de euros al año se ha convertido en la línea roja que aumenta la probabilidad de recibir una visita por parte de los inspectores de Hacienda. Según uno de los gráficos presentados por José Carlos Fariñas, doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y redactor del informe, la frecuencia de inspecciones de las empresas que alcanzan dicho nivel de facturación es de entre el 2,3 y 2,4 por ciento mientras que en las empresas que facturan en el entorno de los 5,5 millones éste se reduce al 1,7 por ciento.

Cifra mucho menor en el caso de las empresas que superan el ‘umbral maldito’, a partir del cual los asiduidad de las visitas es de apenas el 0,7 – 1 por ciento.

Sin embargo, el club de los seis millones no es el que tiene más posibilidades de tutear a los hombres y mujeres del ejército fiscal Hacienda. Paradójicamente las empresas que facturan tres millones de euros son las que reciben casi el 5 por ciento de las inspecciones.

V invertida

Otra de las limitaciones que destacaba Fariñas es la relativa a la regulación, que no tiene en cuenta la diversidad del tejido empresarial de España. Para el doctor en economía «las medianas empresas están más afectadas por la regulación», lo que en muchos casos las arrincona en un desierto en el que no existen apenas márgenes para las bonificaciones y quedan obligadas a tributar por tipos efectivos del 22 – 23 por ciento, muy próximos al 25 por ciento nominal.

No es el caso de las grandes empresas que pueden acogerse a deducciones con las que reducir su factura fiscal a porcentajes de entre el 13 – 15 por ciento «en España los tipos efectivos tienen forma de V», explicaba y se lamentaba «las medianas empresas pagan más que las pequeñas y las grandes. Hay que evitar este tipo de obstáculos para que puedan crecer».

Ante esta situación que limita claramente el crecimiento de las empresas los economistas proponen establecer una mayor progresividad en las inspecciones como una adaptación de la regulación al tamaño de la empresa «hay que suavizar de forma gradual estos umbrales según el tamaño y crecimiento de la empres. Se deben superar los saltos de cero a uno», apuntaba De la Fuente.

El efecto I+D+i

Entre las opciones que tienen las empresas para poder desgravarse en el Impuesto de Sociedades está la de la inversión en I+D+i. En este sentido y tal y como se recoge en el estudio los beneficios van más allá del mero rendir cuentas con Hacienda, y se extienden a la productividad «el efecto es positivo», destacaba Fariñas. Además «resisten mejor el impacto de las recesiones y les es más fácil crecer».

La fiscalidad y la escasa innovación no es la única traba con la que se encuentran las empresas para crecer. Según el estudio los elementos que inciden en el tamaño de las empresas son la dotación de capital humano, la calidad de la gestión empresarial y el marco institucional y regulatorio. Por otra parte «las turbulencias» en las entradas y salidas del tejido se suma a las trabas que impiden que el salto cualitativo, en lo que a tamaño se refiere, de las sociedades.

De superarse todas estas barreras y conseguir que las empresas españolas crecieran hasta equiparase con el tamaño de las alemanas el nivel de productividad sería de un 15 por ciento superior al actual y que en términos de PIB supondría un incremento muy similar, de entre el 13 y el 15 por ciento.