La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha calculado que España necesitará un ajuste entre 0,6 y 1,1 puntos de PIB tras la última reforma del sistema de pensiones, lo que se traduciría en una subida de los tipos de cotización de entre 2,2 y 3,8 puntos porcentuales.
A la vista de las últimas proyecciones de la Comisión Europea, Fedea ve «claro» que la cláusula de salvaguarda del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) se activará el año que viene, exigiendo algún tipo de corrección de gasto o ingreso.
Fedea ha publicado este lunes una nota de Ángel de la Fuente en la que se revisan las proyecciones de ingreso y gasto del sistema público de pensiones que ofrece el último informe de Bruselas, comparándolas con las de su antecesor y con las publicadas en los últimos años por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, y explora las implicaciones de estas cifras para la evaluación del sistema prevista para el año que viene.
La Comisión Europea publicó hace unas semanas la nueva edición de su informe trienal sobre el impacto del envejecimiento poblacional, el Ageing Report de 2024 (AR24).
El informe se esperaba con cierta expectación porque sus proyecciones de gasto serán uno de los inputs cruciales para la primera evaluación periódica de la sostenibilidad del sistema de pensiones que ha de realizarse en 2025 de acuerdo con la cláusula de salvaguarda introducida a instancias de la Comisión Europea como parte del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Si se detectase un desequilibrio, la nueva normativa obligaría a tomar medidas correctivas para reducir la brecha entre los gastos y los ingresos del sistema.
Según Fedea, este nuevo informe de Bruselas es más pesimista que el anterior y que los informes del Ministerio sobre las perspectivas financieras del sistema de pensiones durante las próximas décadas, especialmente en materia de gasto.
Trabajando con promedios para 2022-50, la diferencia en el escenario post-reforma entre Bruselas y el último informe del Ministerio es de 1,27 puntos de PIB «a favor» del de la Comisión Europea.
Esta diferencia proviene fundamentalmente del escenario prerreforma (1,14 puntos), lo que indica que tiene su origen en los escenarios demográficos, macroeconómicos y laborales manejados en los distintos informes, así como de la estimación del coste de la supresión del factor de sostenibilidad y la vuelta a la indexación de las pensiones al IPC (0,53 puntos), que en el informe de Bruselas incorpora los efectos del fuerte repunte inflacionario causado por la guerra de Ucrania.
Sin embargo, la estimación de Bruselas del impacto sobre el gasto del resto de las medidas de la reforma (especialmente en el caso de los incentivos a la demora de la jubilación) son aún más optimistas que las recogidas en los informes del Gobierno y reducen la brecha entre las proyecciones en 0,40 puntos, mientras que sus proyecciones de ingreso son sólo ligeramente más prudentes.
A la vista de las proyecciones de la Comisión, Fedea ve «claro» que la cláusula de salvaguarda del Mecanismo de Equidad Intergeneracional se activará el año que viene, exigiendo algún tipo de corrección de gasto o ingreso.
Con las estimaciones de los efectos de ingresos de la reforma del Bruselas y las publicadas por el Gobierno español, Fedea ha calculado que el ajuste necesario estaría entre 0,6 y 1,1 puntos de PIB, lo que, en ausencia de un acuerdo exprés sobre un paquete alternativo de ajustes, se traduciría en una subida de los tipos de cotización de entre 2,2 y 3,8 puntos porcentuales.
«LA REFORMA SUSPENDERÍA SU PRIMER EXAMEN DE VIABILIDAD»
Este rango se amplía considerablemente con proyecciones o supuestos alternativos, pero incluso en la interpretación más favorable se alcanzaría el umbral que activa la cláusula de salvaguarda.
«Así pues, la reciente reforma suspendería su primer examen de viabilidad, confirmando las dudas existentes sobre su diseño lo que sugiere que sería buena idea reabrir el tema de forma inmediata», ha señalado el autor del informe.
Por otra parte, Fedea ha advertido de que las proyecciones del último informe de Bruselas también plantean algunas dudas. El ejercicio, en particular, incorpora el grueso de las estimaciones del Gobierno sobre el impacto de ciertos componentes de la reciente reforma que siguen pareciendo «poco plausibles» por su optimismo.
Asimismo, la Fundación ha indicado que el documento, por otra parte, no contiene una metodología detallada, ni ofrece una discusión explícita de cómo se construyen sus proyecciones, lo que hace muy difícil replicar o valorar éstas.
«Esta forma de proceder no parece una práctica aconsejable en informes de esta naturaleza, y menos aún cuando sus resultados pueden tener importantes implicaciones prácticas», se critica en el informe de Fedea.
En opinión de la Fundación, el Ministerio de Economía debería publicar lo antes posible un anexo técnico a la ficha de país de España que tendría que incluir una descripción completa y comprensible de los modelos utilizados para elaborar sus proyecciones, una explicación detallada de cómo se ha modelizado cada una de las medidas que integran la reciente reforma de pensiones y los datos utilizados y los resultados detallados obtenidos, ambos en formato digital.