La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) estima en cerca de 20.000 millones de euros la evasión en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que equivale a alrededor del 1,7% del PIB. Así consta en el estudio «El hueco que deja el diablo: una estimación del fraude en el IRPF con microdatos tributarios», presentado este jueves en rueda de prensa por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente junto al investigador de la Universidad de Zaragoza, Julio López Laborda.
De la Fuente aseguró que «si todos pagáramos los impuestos que debiéramos de pagar habría que apretarse menos el cinturón» en el actual proceso de reducción del déficit público.
Para este informe se han buscado comportamientos anómalos de los contribuyentes que pudieran dar una «pista» de la existencia y el tamaño del fraude en el impuesto. Entre los aspectos que pueden dar indicios de fraude se encuentran los donativos, las cantidades destinadas por los contribuyentes a la adquisición de su vivienda habitual o las pensiones compensatorias de los divorciados.
El investigador explicó que se ha estimado el porcentaje de cumplimiento en el IRPF por fuentes de renta con datos de 2008. En el caso de las rentas del trabajo el cumplimiento es total, mientras que en las de capital mobiliario es del 39%, en las de capital inmobiliario asciende al 45,5%, en las rentas de empresas por estimación directa se situó en el 52,6% y en las de estimación objetiva, en el 54,8%.
Según López Laborda, «los únicos que no defraudan, porque no pueden, son los pensionistas».
En el informe se explica que si al fraude en el IRPF se suman las estimaciones calculadas recientemente en otros trabajos para el IVA y el Impuesto de Sociedades, se puede afirmar que el fraude de los grandes impuestos en el sistema fiscal español puede oscilar entre el 3,5% y el 4% del PIB. Estos estudios, de diferentes autores, apuntan que el fraude en el IVA podría alcanzar el 1,4% del PIB en 2011 y en el caso de Sociedades, entre el 0,2% y el 1% de media en diversos ejercicios.
Pide prioridad para la lucha contra el fraude
López Laborda explicó que a la luz de estos datos, «la lucha contra el fraude tiene que ser una política prioritaria del Estado, pera a la vez realista». En este sentido, señaló que «no podemos fiar la reducción del déficit a la lucha contra el fraude; hay que ser pragmático». «La lucha contra el fraude es muy complicada, no vamos a poder eliminarla», reconoció.
Por ello, destacó la necesidad de aumentar «la educación y la cultura» en esta materia, para aumentar la «moral fiscal», algo que «tiene un efecto positivo en el cumplimiento tributario». Para el investigador, el «mejor modelo» en la lucha contra el fraude «sigue siendo el de la coacción y la coerción», que pasar por asegurar que cuando el individuo realice el cálculo de si le compensa intentar defraudar la respuesta sea no.
Se trata de aumentar el «impuesto probable» en caso de que sea detectado el fraude, con un incremento de la probabilidad de detección y aumentando la sanción. En esta línea, explicó que se podría actuar en aumentar los medios materiales y personales de la Agencia Tributaria e impulsar actuaciones normativas como eliminar de forma progresiva el sistema de módulos o el régimen especial de empresas de reducida dimensión.
En este sentido, López Laborda indicó que hay autores especializados en la materia que apuntan que el patrimonio de españoles en paraísos fiscales se sitúa alrededor de los 144.000 millones de euros, lo que supone que Hacienda deja de ingresar unos 7.400 millones.
