La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha realizado este miércoles un primer cálculo de lo que puede suponer el concierto económico catalán pactado entre PSC y ERC, estimando un trasvase anual de entre 6.600 y 13.200 millones de euros desde la caja común del Estado hacia la Hacienda catalana.

Así lo ha dado a conocer Fedea en un informe en el que, a la espera de concretar los detalles del preacuerdo, la Generalitat elevaría la financiación homogénea entre un 25% y un 50%.

«Puesto que Cataluña parte de un índice de financiación homogénea por habitante ajustado de 101 en 2022 (frente a una media de 100 para el conjunto de las comunidades de régimen común), la medida la situaría, otras cosas iguales, claramente por encima de cualquier otra comunidad no foral» añade el informe.

Así, desde la Fundación avisan de que el dinero que se quiera destinar a mejorar la financiación de Cataluña (y la de otras comunidades, en su caso) «tendrá que salir de algún sitio» y, si ninguna comunidad puede perder financiación, Fedea alerta de que el Estado tendrá que ajustar a la baja su gasto, reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones o la defensa, o aumentar (ahora o en el futuro) la presión fiscal sobre la menguante parte de la población que siga estando sujeta a sus tributos.

En este sentido, si el Estado recurriera a una subida del IRPF para compensar la pérdida de recursos sin afectar a la financiación autonómica o reducir su gasto, tendría que incrementar en un 29,5% la recaudación del tramo estatal del impuesto en lo que quedaría del territorio común tras la salida de Cataluña. Si, en su lugar, optase por aceptar la caída de ingresos y la trasladase íntegramente a la financiación de las demás CCAA, ésta tendría que reducirse en un 10,7% en promedio.

El director ejecutivo de Fedea y autor del informe, Ángel de la Fuente, recuerda que una recurrente reivindicación nacionalista es la de eliminar el déficit fiscal de la comunidad con el Estado, o más bien la estimación de esta magnitud que la Generalitat calcula todos los años por el cuestionable procedimiento del flujo monetario.

De acuerdo con la última estimación del Govern, la brecha entre lo que la comunidad aporta a y recibe del Gobierno central rondaría los 22.000 millones de euros, casi el 10% del PIB, una estimación que «está muy sesgada al alza».

Según Fedea, para el último año en el que la comparación es posible (2014), el déficit de máximos que estima la Generalitat fue un 65% superior al calculado por el Ministerio de Hacienda con un enfoque de carga-beneficio que es lo más parecido a un estándar metodológico internacionalmente aceptado que existe en esta literatura.

«CONCEDERLE UNA SUBVENCIÓN NADA DESDEÑABLE A UNA COMUNIDAD RICA»

De haberse mantenido este sesgo, la eliminación del déficit de máximos supondría, de hecho, dejar a la región con un superávit de unos 8.700 millones de euros con el criterio de carga-beneficio. «Esto es, concederle una subvención nada desdeñable a una comunidad rica», han apuntado desde Fedea.

Pese a tratarse de un cálculo «muy cuestionable», según Fedea, la estimación de máximos del déficit fiscal que elabora la Generalitat se ha convertido en la referencia dominante para el debate público en Cataluña y, como tal, condicionará directamente la actuación de los partidos regionales en la negociación de los parámetros del nuevo sistema.

Con todo, cabe esperar que el acuerdo se cierre con un objetivo de reducir la aportación catalana a la caja común entre un 30% y un 60% del objetivo máximo nacionalista de 22.000 millones anuales, esto es, con un trasvase neto de recursos hacia Cataluña de entre 6.600 y 13.200 millones de euros anuales.

«A largo plazo, las cosas pintan aún peor porque el cambio en las reglas reforzará a la Generalitat frente al Gobierno central», ha advertido la Fundación, explicando que, en cuanto el Gobierno regional tenga realmente el dinero en la mano, la aportación a la solidaridad se irá reduciendo en sucesivas rondas negociadoras y podría tender a cero, con especial rapidez cuando la Generalitat esté presidida por los independentistas.

HASTA 62.000 MILLONES SI SE EXTIENDE A TODAS LAS CCAA

Resulta obvio, según Fedea, que los problemas se agravarían muy considerablemente si el nuevo sistema se extendiera a Madrid y Baleares, las otras dos regiones que son contribuyentes netas al Sistema de Financiación Autonómica (SFA).

El Estado perdería 37.500 millones de euros adicionales en ingresos tributarios y si los correspondientes cupos se negociasen con criterios similares a los que quieren imponer los nacionalistas catalanes, los ingresos netos del Estado se desplomarían.

Con todo, Fedea calcula que extender la medida al resto de las comunidades de régimen común en las mismas condiciones costaría entre 31.000 y 62.000 millones de euros adicionales.