Fedea propone revisar la exigencia del mantenimiento del empleo de los ERTE y derogar la prohibición de despedir

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La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propuso este lunes revisar la cláusula que obliga a mantener el empleo durante seis meses después de reincorporar a los trabajadores de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y derogar la prohibición de despedir por causas objetivas ligadas al Covid.

Estas propuestas junto a otras están recogidas en el informe final del grupo de trabajo mixto de Fedea dedicado a analizar el impacto del coronavirus y a proponer medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la crisis.

Este grupo de trabajo, compuesto por más de 130 expertos, considera que es necesario prorrogar nuevamente los ERTE por fuerza mayor, pero con un “carácter selectivo”, y acompañados de “la máxima flexibilidad posible” para convertir los expedientes derivados del Covid en ordinarios.

Respecto al mercado laboral, apuesta por simplificar el menú de contratos, reducir “al mínimo” la diferencia en el coste del despido entre indefinidos y temporales, “terminar con la inseguridad jurídica existente en torno a las causas objetivas del despido” y apostar por la flexibilidad interna.

Del mismo modo, apela a revisar la regulación de los préstamos con garantías del Instituto de Crédito Oficial (ICO) “para evitar que las entidades se vean empujadas a ejecutarlas de forma prematura ante el miedo a perderlas en caso de reestructuración”, a fomentar la mediación y al arbitraje y a simplificar procedimientos concursales y preconcursales.

Fedea plantea que las deudas con todas las administraciones consoliden en una “masa única negociable” como parte de un proceso de reestructuración.

La fundación también pide revisar las medidas de emergencia para colectivos vulnerables y “reconsiderar” el modelo actual de ayudas específicas para unificarlo en un sistema global de protección “en el que quizás no tenga sentido mantener asignaciones específicas para consumos determinados”.

Sobre protección social, apuesta por mejorar la efectividad de los servicios públicos de empleo para reinsertar a parados de larga duración y por reforzar las plantillas y los medios tecnológicos de los centros escolares.

Hace referencia al Ingreso Mínimo Vital (IMV) para proponer una revisión de su diseño e introducir incentivos al trabajo.

En materia fiscal, Fedea cree que la senda de ajuste fiscal debería partir de 2022 en adelante, con un ritmo de reducción del déficit de al menos medio punto de PIB en periodos no recesivos. Con la recuperación esté asentada, “podría ser aconsejable” introducir un recargo “transitorio” sobre el IRPF para financiar gastos extraordinarios de la pandemia.

Señala la necesidad de una reforma tributaria “integral” basada en reducir los beneficios fiscales, incluyendo los tipos reducidos del IVA, y eliminar los regímenes especiales de tributación como los de módulos.

Por último, urge a la reforma del sistema público de pensiones que garantice el equilibrio entre la solidaridad y la suficiencia de las prestaciones y se base en un análisis “realista” de la situación económica y las perspectivas de las cuentas públicas. Según Fedea, la pandemia ha hecho que sea inviable derogar la reforma de 2013 a corto y medio plazo.

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