El que fuera miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid en representación del Sector de Empleados de UGT entre los años 2001 y 2006, Eduardo Torres Posada, ha asegurado hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que las dietas que cobraba en la caja se ingresaban directamente en una cuenta del sindicato, que además siempre estuvo al tanto del uso de las tarjetas por parte de los consejeros nombrados a propuesta suya.
Torres ha explicado en su declaración que nunca cobró las dietas correspondientes a su actividad como miembro de la Comisión de Control y que éstas se ingresaban directamente en una cuenta de la que era titular UGT. Esta es una de las razones que ha utilizado para justificar el uso de la tarjeta para gastos relacionados con su actividad.
Ha insistido en que este modelo de gestión de ingresos estaba controlado internamente por la sección sindical de gastos y era igual para todos sus representantes en distintas instituciones y estaba avalado por la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, cuyo secretario general era Cándido Méndez. Ha explicado también que estos ingresos deben figurar en el informe anual de cuentas de la organización.
El juez ha interrogado este jueves a otros 13 exdirectivos de Caja Madrid que están imputados por utilizar las tarjetas opacas de la entidad, en las que se cargaron gastos personales por valor de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012. El magistrado ha tomado declaración a ocho vocales nombrados a propuesta del PP, entre los que se encuentran el expresidente de Renfe Miguel Corsini, que cargó 46.700 euros, y el exgerente de los populares madrileños Beltrán Gutiérrez, que gastó 58.000.
Los otros seis son Cándido Cerón, que gastó 79.200 euros, Fernando Serrano Antón (78.600), Darío Fernández Yruegas (69.800), José María Buenventura (63.000), Juan Emilio Iranzo (46.800) y Manuel José Rodríguez González (37.100).
También estaban citados el exdiputado socialista José Acosta Cubero (62.300) y su compañero de partido Santiago Javier Sánchez Carlos (46.400); los sindicalistas de UGT Miguel Ángel Abejón (109.300) y Eduardo Torres Posada (82.300) y el representante de CEIM Alejandro Couceiro (68.400).
El testimonio más novedoso fue el de Torres Posada, quien ha asegurado que la tarjeta que le entregaron era para gastos de representación «en sentido amplio» y la usó incluso después de haber dejado su puesto, porque le dijeron que podía hacerlo «mientras funcionase».
Ha explicado que un primer bloque de gastos lo destinó a viajes, alojamiento y comidas a las que invitaba a trabajadores en funciones de representación, y también a vestuario apropiado para desempeñar su función.
Carteles y panfletos
Después ha explicado que un segundo bloque de gastos que consideró derivados de su actividad sindical, en virtud los cuales pagó comidas con empleados y representantes de UGT en distintas zonas de España. Además, llegó a gastar 29.212 euros en papelería e imprenta en la empresa Serviprint para la impresión de octavillas, circulares y carteles que difundían la actividad del sindicato.
Se da la circunstancia de que el exconsejero de UGT en la caja ya fallecido Félix Manuel Sánchez Acal fue expulsado del sindicato precisamente por negarse a entregar las dietas que recibía.
El magistrado, que ha interrogado ya a 41 antiguos responsables de la caja por este asunto, atribuye a los exconsejeros un delito de administración desleal y otro de apropiación indebida y al resto de exdirectivos únicamente este último. Entre los imputados están los expresidentes de Caja Madrid Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato y el exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj.
Su compañero de militancia, Miguel Ángel Abejón, ha afirmado que nunca le pidieron justificantes del gasto realizado y que a la entrega le aseguraron que la caja asumía los gastos fiscales del uso de la tarjeta.
Cándido Cerón, como el resto de representantes de la Comunidad de Madrid en la caja, ha dicho que la tarjeta formaba parte del «paquete retributivo». Ha explicado que su plástico fue clonado y que hay muchos gastos que no reconoce como propios. Fernando Serrano, designado por el PP, ha asegurado que «la gente hablaba con total normalidad de la tarjeta» y que todo el mundo consideraba este pago normalizado.
Alejandro Couceiro, miembro de la Comisión de Control de 1993 a 2006, ha reconocido haber recibido «muchas tarjetas» en todo ese tiempo y los únicos cambios en su régimen se referían al aumento del límite de gasto, que empezó siendo de 100.000 pesetas y llegó hasta los 25.000 euros. Siempre ha entendido que las obligaciones fiscales las asumía la caja.
«Gastos eróticos»
El consejero a propuesta del PSOE José Acosta ha comentado que en el momento en que le entregaron su tarjeta le advirtieron de que podía disponer de ella libremente aunque le aconsejaron que fuera «prudente», no en las cantidades gastadas, que tenían un límite, sino en el objeto de los gastos, porque no estaba «para gastos eróticos».
Beltrán Gutiérrez Moliner ha declarado ante el juez que confiaba en que las obligaciones fiscales sobre el gasto de las tarjetas estuvieran cubiertas por la entidad. En ese momento, el magistrado le preguntó cuál es su profesión, a lo que el imputado le respondió que es economista.
«¿Y siendo economista no sabe que el obligado tributario es usted?», le ha espetado el magistrado antes de escuchar del declarante que confiaba en Caja Madrid y que pensaba que era una entidad seria que tendría esos aspectos controlados. Ha indicado también que ha hecho una declaración complementaria a partir de los datos publicados por la prensa, porque la caja no le ha facilitado los datos de sus gastos.
Por su parte, el director del Instituto de Estudios Económicos Juan Iranzo también ha insistido en que confiaba en que sus gastos eran objeto de tributación por la caja. También a él le ha preguntado el juez su oficio y si había visto alguna vez un sistema de retribuciones como el que se ponía en práctica en Caja Madrid, a lo que respondió que no, pese a lo cual no le pareció «extravagante» porque no es «especialista» en estos temas.
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