Las acciones de Ferrovial caen este viernes más de un 4%, después de que Ontario, una provincia del centro este de Canadá, haya manifestado la posibilidad de nacionalizar la autopista 407-ETR, uno de los principales activos concesionales de la constructora española.
Si bien esta posibilidad parece remota por el alto precio que supondría para las arcas públicas, ya hay un precedente que se materializará previsiblemente la próxima semana, la nacionalización de una autopista de ACS en Estados Unidos por la que Texas pagará unos 1.600 millones de euros.
Con ello, la cotización de la compañía se ha visto lastrada tras la apertura del mercado de este viernes, llegando a caer un 4,3% a las 11.20 horas, hasta los 36,5 euros por acción, un precio que Ferrovial no registraba desde finales de agosto, siendo también el valor que más cae del Ibex 35 en esta jornada.
No obstante, fuentes del mercado consultadas por Europa Press señalan que se trata de dos casos diferentes, puesto que las condiciones del contrato de la vía canadiense fijan que una posible compra se haría a precios actuales de mercado.
Cuando el pasado mes de junio uno de los otros accionistas de la 407-ETR (AtkinsRéalis) manifestó su intención de vender su participación del 6,76%, la prensa local apuntaba a un valor de mercado de 1.700 millones de dólares para ese porcentaje, por lo que un 100% supondría en torno a 25.000 millones de dólares canadienses (16.700 millones de euros).
Esta semana, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, no descartó que la nacionalización de la autopista entre en sus planes, al mismo tiempo que lamentó los altos peajes que se cobran en la parte privada de la vía.
«Todas las opciones están encima de la mesa», dijo el político conservador al ser preguntado por una posible compra de la 407-ETR, añadiendo que estudiará todas las posibilidades.
En el caso de ACS, el Gobierno de Texas, también conservador, ha defendido que la compra de la autopista se ha llevado a cabo para reducir los peajes que pagan los usuarios, añadir carriles gratuitos y pagar la deuda vinculada al proyecto hasta 10 años antes que si se hubiese mantenido el contrato privado.
Además, en su última comunicación al respeto, el Gobierno texano calificaba de histórica esta decisión de terminar un acuerdo «con una empresa extranjera», principalmente española (ACS) pero también italiana en un 28% (Mundys).
