Fomento se plantea también ampliar la duración de los contratos de alquiler de tres a cinco años, limitar las fianzas y estimular con incentivos fiscales la oferta de vivienda en alquiler y la moderación de las rentas.

Estas medidas urgentes están destinadas a paliar el incremento de los precios del alquiler, que se han disparado en las grandes ciudades hasta en un 50% en los últimos cuatro años por la irrupción de los alquileres turísticos y la reactivación del mercado inmobiliario.

El Gobierno pondrá en marcha un grupo de trabajo interministerial dirigido a desarrollar el conjunto de políticas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

El plan de 20.000 viviendas en alquiler a precios asequibles se lanzará en el plazo de cuatro a seis años. El Estado promoverá la construcción de estas 20.000 casas mayoritariamente públicas (aunque esto no está cerrado y van a estudiarse todas las fórmulas posibles.

Estas viviendas serán destinadas de forma indefinida al alquiler o la cesión en uso, con una renta o precio limitado, en aquellas ciudades de demanda acreditada y donde los precios del alquiler sean más altos.

El plan se realizará en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que identificarán y facilitarán los suelos más adecuados sobre los que levantar esas promociones de viviendas.

El Estado involucrará al Sepes, la entidad pública empresarial de suelo, en este programa, y contribuirá con su impulso y apoyo financiero. El ICO también jugará un papel en el diseño de estas políticas.

Por otro lado, a corto plazo, el Ejecutivo promoverá un cambio del régimen jurídico del alquiler, con objeto de revertir las consecuencias de la reforma “liberalizadora” que hizo el PP en el año 2013 de la Ley de Arrendamientos urbanos.

Así, se ampliarán los plazos de prórroga obligatoria y tácita de los contratos de arrendamiento, probablemente recuperando los de la Ley de 1994. Esto es, se vuelve a la prórroga forzosa hasta cinco años. En 2013, el PP lo rebajó a tres años, lo que provoca que cuando estos se cumplen el propietario pueda dar por concluido el contrato o imponer al inquilino una fuerte subida de la renta, lo que favorece la escalada de precios.

La reforma legal establecerá también límites razonables a las fianzas que se exigen al arrendatario al suscribir un contrato de alquiler. Se trata de evitar que haya que aportar 2.000, 3.000 o hasta 4.000 euros para poder alquilar una vivienda. Asimismo, se protegerá a los inquilinos en el caso de que se venda su casa, porque el nuevo propietario deberá respetar el contrato de arrendamiento.