Funcas defiende la necesidad de coordinar las políticas activas y pasivas de empleo y reformar y modernizar los servicios públicos de empleo ante la «creciente» falta de mano de obra, el aumento de las vacantes y la elevada tasa de paro en España.

Así lo subraya Funcas en su último ‘Panorama Social’, en el que advierte, en un artículo de Francisco Javier Mato (Universidad de Oviedo), de que la escasez de mano de obra se está convirtiendo en un problema en los mercados laborales de las economías avanzadas, y en particular, de la Unión Europea y España.

En estas regiones, apunta Mato, las vacantes se han mantenido o incrementado «de forma importante» durante 2022 y principios de 2023, de forma que tanto la tasa de vacantes como la tasa de desempleo son en España «significativamente superiores a las de antes de la crisis financiera de 2008».

Para el autor, entre las causas de esta situación se encuentran el envejecimiento de la población, los salarios inferiores a las expectativas de los trabajadores y la reducción de las horas efectivas de trabajo de los ocupados. Asimismo, apunta que las transiciones digital y verde están demandando habilidades técnicas que no siempre se hallan disponibles entre los trabajadores.

Por su parte, Rafael Muñoz de Bustillo (Universidad de Salamanca) analiza en ‘Panorama social’ los efectos del cambio tecnológico sobre la cantidad y calidad del empleo y sobre la desigualdad. En su opinión, las actuales y futuras tecnologías vinculadas a la revolución digital suponen «un cambio sistémico en la forma de producir y organizar la sociedad».

El artículo repasa diversas estimaciones de empleos en riesgo de desaparición por la revolución digital, algunas de las cuales alcanzan a más de una tercera parte de los empleos, y señala que los efectos previsibles de la inteligencia artificial (IA) «apuntan mucho más a la alteración de la combinación de tareas realizadas por las personas trabajadoras que a la eliminación de puestos de trabajo».

Emilio Huerta y Carmen García (Universidad Pública de Navarra) presentan en este número de la revista un diagnóstico sobre la situación de las empresas españolas y enfocan la atención en la distribución del valor añadido generado en España durante las dos últimas décadas.

En su artículo resaltan el papel de la innovación, la productividad y el tamaño empresarial en la competitividad y, a partir del análisis de estos factores avisan de la «limitada competitividad de muchas empresas españolas».

Advierten, además, de que entre las empresas españolas predominan los sistemas orientados hacia la eficiencia y los costes, en lugar de hacia la innovación, lo que influye de manera determinante sobre la productividad, y llaman la atención sobre aspectos relacionados con la organización empresarial que «lastran» la competitividad de las empresas, entre ellos, la existencia de un gran número de niveles jerárquicos o la escasa delegación del poder de adoptar decisiones.

Los autores señalan que la evolución es más positiva en otras dimensiones, como el esfuerzo en formación, la cultura de la calidad, y los sistemas de incentivos, que han ganado presencia, con aproximadamente la mitad de las empresas aplicando en sus plantillas pagos variables basados en resultados.

Por último, María Miyar (UNED y Funcas) analiza la percepción social de la situación económica en España entre 2000 y 2023 y pone de relieve el fuerte impacto de la crisis financiera de 2008 en la opinión pública sobre la economía nacional.

Desde esa fecha, apunta Miyar, los españoles tienden a valorar la economía «más negativamente», incluso en momentos de crecimiento económico.

Por lo que se refiere a los últimos años, desde la crisis sanitaria provocada por la pandemia, la proporción de población mayor de edad que valora la situación económica general de España como «mala» o «muy mala» supera ampliamente a la mitad, habiendo alcanzado en los primeros meses de 2021 proporciones cercanas al 90%, recoge el artículo.

La autora subraya la importancia de mejorar la comprensión de las dinámicas económicas por parte de la población, en beneficio tanto de la economía como de la sociedad. «Que la sociedad esté bien informada sobre la evolución de la economía puede contribuir a mejorar sus decisiones financieras y a tener una visión más realista de los retos a los que se enfrenta el país en un contexto económico tan interconectado y competitivo como el actual», asegura.