La Administración General de Euskadi abonará en la primera nómina de 2026 los atrasos correspondientes al incremento retributivo (2,5% para 2025) aprobado por el Estado, con un impacto presupuestario de 150 millones de euros para unas 90.000 personas empleadas públicas aproximadamente.

Según ha informado el Departamento de Hacienda y Finanzas en un comunicado, esta medida se ajusta al decreto-ley aprobado el pasado 11 de diciembre, que establece una subida acumulada del 11% en las retribuciones del personal laboral y funcionario público entre 2025 y 2028.

El Gobierno vasco ha destacado que, aunque el pago de los atrasos se efectuará en enero, la consolidación definitiva de este incremento en las tablas salariales y el incremento respecto al 2026 -un paso administrativo necesario para integrar la subida de forma permanente- dependerá de la recepción formal de las tablas actualizadas por parte del Ministerio de Función Pública.

No obstante, el Ejecutivo ya ha iniciado los trabajos técnicos y administrativos internos para «agilizar» todo el proceso, con el objetivo de que la actualización retributiva pueda ser «efectiva y reflejada con normalidad» en las nóminas a partir del inicio del nuevo ejercicio.

El Departamento de Hacienda y Finanzas ha recordado que este incremento del 2,5% para 2025 forma parte de un marco retributivo plurianual pactado a nivel estatal, que contempla subidas adicionales del 2% en 2026 (1,5% fijo + 0,5% variable según la variación interanual del IPC), del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028, culminando en un incremento acumulado del 11% al final del periodo. Sin embargo, según ha precisado, lo aprobado el pasado 11 de diciembre en el Congreso solo afecta a 2025 y 2026.

El Gobierno vasco ha señalado que, ante la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado, las subidas previstas para 2027 y 2028 deberán aprobarse de forma independiente, «ejercicio a ejercicio, mediante real decreto».

Según ha asegurado, esta hoja de ruta pretende compensar parcialmente la «erosión salarial» acumulada en años anteriores y contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del sector público.