El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reunirá este lunes a partir de las 10.30 horas con sindicatos y empresarios para seguir negociando el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) de las pensiones tras su propuesta inicial de elevar las cotizaciones sociales medio punto durante diez años para afrontar las futuras tensiones de gasto del sistema.

Esta propuesta, que en el Ministerio insisten en que está abierta a la negociación, ha generado un gran malestar en la CEOE por implicar un nuevo incremento de los costes de las empresas tras la anunciada subida del tipo mínimo del Impuesto sobre Sociedades recogida en el proyecto presupuestario de 2022 y el alza del salario mínimo interprofesional (SMI), entre otras medidas adoptadas por el Gobierno que suponen un mayor gasto empresarial.

Y todo ello, se queja la CEOE, en un contexto en el que algunas empresas aún no han levantado cabeza tras la crisis ocasionada por el Covid y otras sólo están empezando a salir del agujero en el que las metió la pandemia.

Los sindicatos, por su parte, tienen algunos ‘peros’ a la propuesta del Gobierno, pero no ven con malos ojos que se incrementen las cotizaciones sociales para poder hacer frente al gasto que implicarán las futuras jubilaciones de los ‘baby boomers’, los nacidos entre 1958 y 1977. En este periodo nacieron casi 14 millones de personas, 2,5 más que en los veinte años anteriores y 4,5 millones más que en los veinte años siguientes.

El MEI forma parte de la primera pata de la reforma de pensiones que se está tramitando en el Congreso, aunque su concreción no se incluyó en el proyecto de ley a la espera de acordarla con los agentes sociales antes del 15 de noviembre, para lo que apenas queda una semana. La idea es introducir lo que se pacte vía enmienda.

Este mecanismo, que operará a partir de 2027 y sustituirá al factor de sostenibilidad de la reforma de 2013, tiene por objetivo preservar el equilibrio del sistema a largo plazo y la equidad entre las distintas generaciones de pensionistas.

LA PROPUESTA DEL GOBIERNO

El Ministerio que dirige José Luis Escrivá presentó la semana pasada una propuesta inicial para el diseño del MEI en la que plantea elevar las cotizaciones sociales medio punto a partir de 2023 y durante un periodo de diez años para engordar el Fondo de Reserva de las pensiones, que actualmente cuenta con poco más de 2.100 millones de euros.

Esta cotización, adicional y finalista, así como los rendimientos que generara el Fondo, se destinaría exclusivamente a atender posibles desviaciones de gasto sobre lo previsto, y supondría, para un trabajador mileurista, un aumento de sus cotizaciones de entre cuatro y cinco euros.

Según la propuesta del Gobierno, a la que ha tenido acceso Europa Press, a partir de 2032 y cada tres años se analizará si el nivel de gasto en pensiones estimado para 2050 se desvía de las previsiones realizadas por Bruselas.

En caso de que no exista una desviación del gasto respecto a las previsiones, estas aportaciones extraordinarias y finalistas que se han ido recaudando podrían devolverse en forma de cotizaciones más bajas o pensiones de mayor cuantía.

Pero en el supuesto de que el gasto se desvía de lo estimado, se aplicarán distintas medidas que no podrán superar en su conjunto más del 0,8% del PIB en 2050, entre ellas la disposición de activos del Fondo de Reserva con un límite anual del 0,2% del PIB.

Si la desviación del gasto fuera superior, el Gobierno negociará con los agentes sociales medidas adicionales para reducir el gasto en pensiones, dentro del marco del Pacto de Toledo, con un límite del 0,4% del PIB. Y si todo ello no fuera suficiente, se negociaría un incremento del tipo mínimo de cotización, también limitado a un 0,4% del PIB.

A la CEOE le ha molestado y mucho tanto el contenido de la propuesta del Gobierno como las «formas», pues entienden que «no es serio» que se les presente un papel para que dén su visto bueno en sólo dos semanas, habiendo tenido varios meses para diseñar la propuesta.

Quieren además que el Ministerio les informe del «mapa completo», con los datos concretos que implicaría esta subida de cotizaciones para empresas y trabajadores.

CCOO y UGT, por su lado, han recibido la propuesta del Ejecutivo de manera más positiva porque implica que el factor de sostenibilidad, que penalizaba las pensiones al ligarlas con la esperanza de vida, podría ser reemplazado por un mecanismo que actúa para mejorar los ingresos del sistema y no para recortar el gasto.

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido que su propuesta sobre el mecanismo de equidad intergeneracional «no recorta ninguna pensión en ningún caso y en ningún momento», a diferencia del factor de sostenibilidad de la reforma de 2013, que penalizaba a los pensionistas con recortes, especialmente a los más jóvenes.

«Este mecanismo simplemente genera una válvula de seguridad y da holgura al sistema para reforzar su sostenibilidad», subrayó Escrivá hace unos días.