La mesa de diálogo social sobre reforma laboral, en la que están representados Gobierno y agentes sociales, se reunirá este miércoles a partir de las 10.00 horas para continuar negociando un texto que genere el mayor consenso posible entre las partes.

Este encuentro se producirá después del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los sindicatos, del que se ha descolgado la CEOE, para subir las cotizaciones sociales durante diez años a partir de 2023 con el fin de sufragar el mayor coste que implicarán en el futuro las jubilaciones de los ‘baby boomers’.

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, descartó ayer que el rechazo empresarial a subir cotizaciones vaya a influir de manera negativa en las negociaciones sobre la reforma laboral, pero advirtió de que los documentos del Gobierno que hay ahora mismo sobre la mesa (uno de mediados de octubre y el otro de este mes, pero referido principalmente a los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo -ERTE-) no cuentan con el respaldo patronal.

Lo cierto es que el Gobierno ha metido una marcha más a los trabajos de esta mesa de diálogo social para conseguir su objetivo de tener lista la reforma laboral antes de que acabe el año, fecha comprometida con Bruselas en el Plan de Recuperación.

Por ello, a partir de este miércoles, Gobierno, sindicatos y empresarios celebrarán dos reuniones semanales, en lugar de una, según avanzó el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, hace unos días.

Hasta ahora, las tres partes se reunían sólo los miércoles. A partir de esta semana lo harán también los viernes. En virtud del formato que ya se estrenó hace dos semanas, en la mesa estarán, por parte del Gobierno, los Ministerios de Trabajo, Asuntos Económicos, Hacienda, Seguridad Social y Educación.

La negociación llega esta semana a un punto crucial después del rechazo que ha generado entre los agentes sociales la propuesta del Gobierno para establecer en la legislación ordinaria una suerte de ERTE, denominados Mecanismo RED, con algunas condiciones compartidas con los ERTE de pandemia.

Tanto sindicatos como empresarios han calificado esta propuesta de «intervencionista», «poco flexible» y «farragosa» y han pedido al Gobierno que la reconsidere si quiere conseguir un acuerdo que ahora mismo los agentes sociales y hasta el Gobierno ven complicado.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, reconoció ayer que lograr un acuerdo tripartito para reformar el mercado de trabajo va a ser «muy difícil», aunque no imposible, y ha situado el principal escollo en la temporalidad.

«Es difícil, es muy difícil, y el problema está en la temporalidad, porque nunca se ha abordado en toda la democracia española (…) Vamos a cambiar el paradigma de la contratación, no es una cosa menor, sabiendo que nuestro país tiene sectores estacionales, pero técnicamente es posible garantizar la estabilidad en el empleo con la estacionalidad», ha defendido Díaz.

En todo caso, a la vicepresidenta «le gustaría» que de esta negociación saliera un acuerdo a tres bandas, aunque considera que lo importante es que está habiendo diálogo social.

En el texto de los nuevos ERTE presentado por el Gobierno, al que tuvo acceso Europa Press, se ha incluido la modificación del artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social para elevar el sobrecoste a afrontar por las empresas por dar de baja contratos temporales. La redacción de esta modificación era tan enrevesada que los agentes sociales han pedido aclaraciones al Gobierno.

Actualmente, el artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social establece un incremento del 40% de la cuota empresarial por contingencias comunes en los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días.

La idea del Gobierno es penalizar en mayor medida a las empresas y hacerlo con todos los contratos temporales, pues en la redacción propuesta no se especifica que la duración de los mismos tengan que tener una duración efectiva igual o inferior a cinco días.

LOS NUEVOS ERTE

Sobre los nuevos ERTE que plantea el Gobierno y que ha bautizado con el nombre de ‘Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo’, el objetivo es permitir a las empresas reducir durante un tiempo la jornada o suspender los contratos de sus trabajadores, como en los ERTE, con beneficios en cotizaciones y prestaciones siempre que se den determinadas circunstancias.

De acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, el Mecanismo RED podría activarse en dos casos: por causas estructurales, es decir, cuando en un determinado sector se produzcan cambios organizativos, técnicos o productivos estructurales o se introduzcan métodos de trabajo y de producción novedosos que generen pérdidas de competitividad; o por causas cíclicas, esto es, cuando concurran causas económicas derivadas de una situación coyuntural de alcance general que aconseje la activación de mecanismos adicionales de estabilización.

En el ámbito del Mecanismo RED por causas estructurales, el Gobierno plantea incorporar un plan de recolocación para los afectados que tendría que incluir medidas específicas de formación y orientación profesional, atención personalizada a la persona afectada y búsqueda activa de empleo.

La recolocación en otra empresa fuera del grupo empresarial tendrá que ser aceptada por el trabajador de forma voluntaria mediante su dimisión. En ese momento, la empresa de origen transferirá al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) el 50% de la cuantía del despido improcedente que le hubiera correspondido al trabajador en ausencia de recolocación, con el fin de constituir un fondo para financiar los procesos de recolocación.

El trabajador suscribirá un nuevo contrato de trabajo con su nueva empresa, sin antigüedad, y con las nuevas condiciones laborales, y en caso de un eventual despido por causas no atribuibles al trabajador en la empresa receptora, el Fogasa le abonaría una indemnización de importe equivalente a la cuantía por despido improcedente que le hubiese correspondido al trabajador en caso de haber sido despedido en la empresa de origen. En caso de rechazo del trabajador, se mantendrá vigente su contrato de trabajo.

Las empresas que contraten a trabajadores afectados por el Mecanismo RED de carácter estructural a través de contratos indefinidos, incluido los fijos-discontinuos, tendrían derecho a una bonificación de cuotas de la Seguridad Social del 50% de la aportación empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes durante un periodo de 6 meses.

La reducción de jornada aplicable en el Mecanismo RED podría ser de entre un 10% y un 70%, según la propuesta, y mientras esté vigente ésta o la suspensión de contratos no podrán realizarse horas extra, nuevas contrataciones ni nuevas externalizaciones de actividad.

El Gobierno plantea además que las empresas autorizadas a aplicar un Mecanismo RED puedan beneficiarse de exoneraciones en las cotizaciones siempre que desarrollen acciones formativas a favor de las personas afectadas.

Estas acciones formativas serían obligatorias en el Mecanismo RED por causas estructurales. Los beneficios en materia de cotización se condicionan al mantenimiento del empleo de los trabajadores afectados durante seis meses.

Los trabajadores afectados por un RED tendrán derecho a una prestación del 70% de la base reguladora, incompatible con prestaciones o subsidios por desempleo, pero compatible con un trabajo a tiempo parcial.

La propuesta del Ejecutivo implica la creación de un fondo para sufragar los nuevos ERTE, que tendría por objetivo atender las necesidades futuras de financiación en materia de prestaciones para los trabajadores, exenciones de cuotas empresariales y gastos de formación.