El Gobierno y el Partido Popular escenificaron este lunes la distancia que les separa a la hora de llegar a posibles acuerdos que posibiliten la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o la renovación del Poder Judicial, informa Servimedia.
La vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, se reunió esta tarde en dependencias del Congreso con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, y aprovechó para reclamar de nuevo a esta formación su abstención de cara a los PGE.
Calvo, que empezó con Gamarra una ronda de contactos con los portavoces parlamentarios en calidad de ministra de Relaciones con las Cortes, insistió en que los Presupuestos “son necesarios para aliviar los problemas sociales y económicos de nuestro país”, según informó Vicepresidencia a través de un hilo de mensajes en su perfil oficial de Twitter.
En esta primera reunión con la nueva portavoz parlamentaria del PP, que se prolongó por espacio de hora y media, la ‘número dos’ del Ejecutivo abordó con varios dirigentes del PP que “su partido debe cumplir con el mandato constitucional de renovación de los órganos».
En este sentido, Calvo conminó a que el Partido Popular “desbloquee los nuevos nombramientos del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”. Sin embargo, el encuentro concluyó sin mayores aproximaciones entre ambas partes de las expresadas hasta la fecha.
De hecho, fuentes populares informaron a Servimedia de que «Calvo no ha descartado la posibilidad de congelar el sueldo de los funcionarios y pensionistas o subir cotizaciones a los autónomos» a pesar de que la portavoz popular insistió en la necesidad de que lo aclare.
Gamarra reconoció que la reunión fue “cordial” y le pareció más bien “una toma de contacto” una vez presentado el plan normativo del Gobierno para este próximo ejercicio político. Eso sí, la portavoz aprovechó para trasladar a la vicepresidenta primera varias de las cuestiones que “preocupan” al principal partido de la oposición.
En relación a los PGE, la “preocupación” del PP sobre todo viene por desconocer “qué planificación tiene el Gobierno en relación al techo de gasto, a la senda de déficit y al marco macroeconómico que todavía en estos momentos no se conoce y no está presentado, lo cual hace que ahora no exista ni tan siquiera un anteproyecto de esos PGE”.
Esta situación llevó a Gamarra a hablar de unos “hipotéticos Presupuestos” que, en todo caso, inquietan en el PP por “las últimas informaciones que afectan a pensionistas y funcionarios con las congelaciones” de sus prestaciones o sueldos públicos. Así, dejó clara su “disconformidad” con este planteamiento.
“No hay PGE en estos momentos, ni tan siquiera los mimbres necesarios para la elaboración de un borrador o un anteproyecto han sido traídos al Congreso”, enfatizó la portavoz parlamentaria de los populares, quien también trasladó la “distancia” que mantiene el PP con respecto a distintos aspectos del calendario del plan normativo del Ejecutivo.
Sobre todo, Gamarra se posicionó en contra de “todo lo que tiene que ver con subidas fiscales”, puesto que el PP opina que “es momento de bajadas de impuestos para la reactivación de la economía, como están llevando a cabo otros países europeos”. Por ello, sostuvo que la política del Gobierno en este sentido “no” es la “adecuada”.
Según Gamarra, es una “necesidad” que el Ejecutivo también entienda “el papel que como oposición tenemos” desde el PP. Una oposición que definió como “firme, constructiva y siempre pegada a los problemas y preocupaciones de los españoles”.
Tampoco hubo mayor consenso en cuanto a la renovación del Poder Judicial, ya que Gamarra reiteró la posición marcada por el presidente de su partido, Pablo Casado, y los motivos que él mismo hizo llegar personalmente al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. La posición, por tanto, no ha virado.
Finalmente, Gamarra no perdió oportunidad para trasladar la iniciativa legislativa en la que trabaja el PP y que “está pendiente de los informes por pate del Gobierno”. Se refirió, por ejemplo, a su ley contra la ‘okupación’, la que considera agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones o la que establece la modificación de la le orgánica de salud pública.