El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, defendió hoy que el fallo del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas no debe tener impacto alguno en la banca porque estaba cumpliendo escrupulosamente la norma vigente desde 1995.
“Es conveniente recordar que la sentencia dictamina que una norma que ha estado en vigor durante 23 años no es válida (…) Por haber cumplido una norma es difícil entender que haya una penalización”, dijo durante la presentación de resultados, donde el banco presentó una mejora del 18,8% y ganó 1.768 millones hasta septiembre.
En este sentido, recordó que la regla de que sean los clientes los que asuman el impuesto ha sido incluso ratificada por el Alto Tribunal en resoluciones judiciales anteriores, aunque ahora se plantee cambiar la jurisprudencia.
En favor de la tesis de que no deberían cargar los bancos con el cambio de sesgo recordó que la recaudación tributaria no ha ido además a su caja sino a las arcas de las administraciones públicas, como otros tributos.
“No hay ninguna mala fe, ni ganas de dilatar procedimientos judiciales. Quien no ha hecho nada malo no debe ser penalizado por ello”, insistió el banquero antes de apuntar que, aunque va a tener “una repercusión social inmediata”, la industria acatará la resolución, como siempre hace. “Como no puede ser de otra manera, adaptaremos nuestra práctica en el mercado hipotecario a lo que decida el Tribunal Supremo”, refirió.
SIN ‘HUCHA’ PARA ENCAJAR UN IMPACTO
Caixabank no ha efectuado, de hecho, provisión alguna frente a esta incertidumbre con cargo a las cuentas presentadas y su primer ejecutivo eludió elucubrar sobre potenciales impactos: “No hay una cifra que deba ser dada, porque la cifra es que no debemos sufrir un impacto económico”.
Según el banquero, la entidad ha continuado negociando y cerrando operaciones hipotecarias con normalidad y con los mismos criterios existentes hasta ahora en su catálogo de productos, con la idea que en los contratos suscritos estos días se puedan reimputar las cuantías del tributo llegado el caso.
Sin embargó, sí admitió que podría darse un retraso en las operaciones por parte, incluso, de los propios ciudadanos a la espera de lo que aclare el Pleno del Tribunal Supremo el próximo día 5 noviembre.
Distinto es la repercusión a largo plazo o posterior al fallo, donde Gortázar admitió que encarecerá las hipotecas si finalmente el banco debe asumir el tributo por exigencia regulatoria.
SUBIR LOS PRECIOS
“Así nos lo exigen los supervisores. Tenemos la obligación prudencial de tener en cuenta todos los costes o si no los supervisores nos dirían que no estamos asumiendo una política prudente de precios (…) No es cuestión de que nos guste o no nos guste, es una obligación”, concluyó.
Gortázar coincidió con la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, en el daño reputacional que impacta de nuevo en la banca con esta polémica. Sin embargo, se desmarcó de su homóloga en Bankinter en cuando a la solicitud de ayuda para evitar que la imagen de la banca salga siempre perjudicada con decisiones como esta que cambian reglas.
El consejero delegado de Caixabank defendió que la labor de mejorar de la percepción llevará tiempo pero debe cambiarla la propia industria con su operativa en el día a día. En el caso concreto de Caixabank defendió su singularidad por la vocación social heredada de la antigua caja de ahorros y que le lleva facilitar la inclusión financiera con oficinas en pequeños municipios, mantener un parque de 27.000 viviendas sociales o haber refinanciado la deuda a más de 300.00 familias para que pudiesen atender a su pago durante la crisis.