El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, consideró que el sistema de pensiones “tiene arreglo para los próximos 10 años” y después “tendremos que buscar un nuevo arreglo”. Añadió que si la reforma de 2011 se hubiera implementado con un periodo transitorio “menor”, en estos momentos no se estarían aplicando las medidas y “la gente no se seguiría jubilando con regulaciones anteriores a 2011 en un 40%-50%”.
Para Granado añadió que que la indexación de las pensiones a un “único indicador” generará probablemente “más efectos perversos que positivos” en el largo plazo.
Así lo dijo Granado durante su intervención en la presentación del informe ‘Las pensiones en España’, editado por el Consejo General de Economistas y dirigido por el catedrático de Economía Guillem López-Casasnovas, en el que han participado varios economistas de diferentes universidades españolas.
El secretario de Estado aseguró que el Gobierno “está comprometido con revalorizar las pensiones” pero hay que “discutir el procedimiento” y si se vincula más al crecimiento del PIB, a los ingresos del Estado, de las cotizaciones y a la evolución de los precios.
“Si reconocemos que España es un país con una esperanza de vida muy alta, tenemos que asegurar una pensión inicial razonable, y luego garantizar la revalorización”, apuntó.
Granado agregó que esta discusión “acabará solventándose con una revalorización razonable para el año que viene, que mantenga el poder adquisitivo”, y posteriormente “tendremos que discutir un indicador que va a ser el que va a contar con un suficiente acuerdo en el Parlamento y un acuerdo en la mesa de diálogo social” y que sea de carácter “permanente”.
Respecto al Fondo de Reserva, dijo que habrá que plantearse que reciba alguna aportación de la economía y no solo de las cotizaciones sociales y apuntó que este asunto tendría que debatirse en el Pacto de Toledo.
También lamentó que las cotizaciones de los empleadores españoles han pasado de suponer el 10,8% del PIB en 2011 al 9,9% del PIB en la actualidad y, de haberse mantenido, “tendríamos un déficit de 10.000 millones menor que el déficit que tenemos”.
El secretario de Estado consideró que “no hay ninguna justificación” para que no se tenga en cuenta toda la vida laboral a la hora de calcular la pensión, y planteó que las jubilaciones anticipadas “se sustituyan por un sistema flexible” que esté basado en la “decisión personal de a qué edad se quiere jubilar cada persona” y en función de eso se calcule la pensión.
Por último, admitió que se necesita una “mayor productividad de la economía española para sacar a flote el sistema de pensiones”, y en este punto, explicó que en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social se va a estudiar qué bonificaciones fiscales para las cotizaciones han tenido éxito y cuáles no.
