El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha reclamado la liberación «inmediata» del personal del organismo detenido en Etiopía y ha recordado a Adís Abeba su «obligación» a la hora de «respetar los privilegios e inmunidades del personal de la ONU».

«Hasta donde sabe el secretario general, el miembro del personal (de la ONU) está detenido sin cargos y no se ha facilitado información específica sobre las razones de su arresto», ha dicho el portavoz de la Secretaría General del organismo, Stéphane Dujarric.

Así, ha señalado que «el personal de la ONU lleva a cabo un trabajo fundamental e imparcial e internacional» y ha incidido en que las autoridades etíopes tienen la obligación de «proteger al personal de la ONU y a otros trabajadores humanitarios en Etiopía, también de la detención arbitraria».

La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, afirmó el martes que diez miembros del personal de la ONU en Etiopía siguen detenidos junto a unos 34 camioneros «subcontratados» por el organismo internacional, por lo que reclamó su «liberación inmediata» o que «un tribunal revise las razones de su detención».

Guterres ha mostrado además su «preocupación» por «los informes sobre arrestos y detenciones arbitrarias» tras la declaración del estado de emergencia ante los avances del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) y ha subrayado que esto «ayuda a aumentar las divisiones y el resentimiento entre los grupos».

Por ello, Dujarric ha hecho hincapié en que Guterres «pide a las autoridades que se pronuncien de forma pública e inequívoca contra las acciones contra un grupo o grupos étnicos particulares y que demuestren su compromiso con los Derechos Humanos y el Estado de Derecho».

En este sentido, Throsell indicó el martes que cerca de mil personas han sido detenidas en Adís Abeba y otras ciudades de Etiopía en el marco del estado de emergencia decretado en el país e incidió en que «la mayoría de los detenidos serían de origen tigrayano» por «sospechas de estar afiliados o apoyar al TPLF».

«El conflicto militar no traerá una paz duradera y estabilidad a Etiopía», ha argüido Dujarric en sus declaraciones, antes de reiterar el llamamiento a las partes a que «pongan fin a las hostilidades y prioricen el bienestar de los civiles» y pedir un acceso humanitario «sin restricciones».

«El secretario general subraya que los desafíos a los que hace frente Etiopía sólo pueden resolverse a través de un diálogo que implique a todos los etíopes», ha zanjado Dujarric, según un comunicado publicado a través de la página web del servicio de prensa de la ONU.

El portavoz del TPLF, Getachew Reda, aseguró la semana pasada que el grupo continuará su avance hacia la capital a menos que el primer ministro, Abiy Ahmed, «acepte sus condiciones». «El único obstáculo a la solución pacífica al conflicto es la obsesión de Abiy con la solución militar a lo que es esencialmente un problema político», dijo.

El conflicto comenzó el 4 de noviembre de 2020 cuando Abiy ordenó una ofensiva militar en represalia por el ataque a la base del Ejército en Mekelle tras meses de tensiones entre el TPLF y el Gobierno central en torno al aplazamiento de las parlamentarias, finalmente celebradas en junio y en las que Abiy logró una victoria aplastante ante los llamamientos al boicot y la falta de votación en varias zonas –entre ellas Tigray– por la inseguridad.

Sin embargo, el TPLF logró importantes avances en junio que le permitieron recuperar Mekelle, tras lo que Abiy anunció un alto el fuego unilateral citando motivos humanitarios, rechazado por el grupo, que expandió su ofensiva a las adyacentes regiones de Amhara y Afar, haciendo temer una propagación de la guerra al resto del país.