El fisco empezará a reclamar los «Informes país por país» a partir del uno de enero de 2016
Una radiografía en la que se recoge cada detalle del esqueleto y de cada uno de los músculos de la empresa. Esa es la síntesis de lo que supondrá el mecanismo de documentación de precios de transferencia y CbC reporting o lo que es lo mismo «el informe país a país».
El documento, que en forma gráfica es similar a una hoja de cálculo, recogerá la declaración «país por país» de cada uno de los ingresos brutos de las compañías, gastos, flujos de caja, número de empleados, activos materiales e inversiones inmobiliarias, etc… tanto de las sociedades matrices como de sus filiales. Un mecanismo de control dirigido a aquellas multinacionales con ingresos anuales superiores a los 750 millones de euros y que quedará incorporado dentro del Reglamento sobre el Impuesto de Sociedades que se remitió ayer a información pública. El objetivo de la medida, integrada en las 15 acciones del proyecto BEPS (Addresing Base Erosion and Profit Shifting), promovido por la OCDE (Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico), es destapar los posibles casos de fraude y evasión fiscal de las grandes corporaciones multinacionales.
De cumplirse con el calendario la medida empezará a tener efecto a partir del 01 de enero de 2016. A tal efecto, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, afirmó, durante una comida con periodistas organizada por la Apie (Asociación de Periodistas de Información Económica), que «se empezarán a ver resultados a partir de 2017». Sin embargo para que el mecanismo sea eficiente, se deben terminar de desarrollar los sistemas de transferencia de información entre países, ya que serán los Estados en los que se encuentre la matriz los que deberán dar traslado del informe a los distintos gobiernos. Ferre, ha explicado que en el caso de los países que no pertenezcan a la OCDE, «será pedirá la información al país de la OCDE en la que se detecte alguna filial sospechosa».
Sanciones aún por determinar
A pesar de que, por el elevado volumen ingresos, y según los cálculos de la OCDE apenas serán entre un 10 y un 15 por ciento -en el conjunto de los países de la Organización- las empresas afectas por el mecanismo, lo cierto es que aquellas que esté llevando a cabo conductas fraudulentas tendrán que enfrentarse a un conjunto de sanciones que aunque se encuentran en fase de estudio serán «parecidas a las que se recogen en las de la Ley de Precios de Transferencia», ha apuntado el secretario de Estado. Aún así, Ferre se ha mostrado optimista y ha afirmado que «no creemos que haya muchas empresas que vayan a incumplir».
