La Sección Cuarta de lo Penal comenzará la vista en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares. Entre los 34 acusados figura el que fuera presidente de la entidad y vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, actualmente en prisión tras ser condenado a cuatro años y medio de cárcel en el juicio de las ‘tarjetas black’.

El elevado número de acusados y la presencia de varias acusaciones populares con un elevado volumen previsto de testimonios, declaraciones y pruebas ha hecho que el tribunal fije un calendario de sesiones que alcanza, por el momento, hasta el 26 de junio de 2019.

FISCALÍA

El fiscal Alejandró Luzón acusa a los máximos responsables de la entidad de estafa a los inversores, a los que se atrajo con promesas de rentabilidad basadas en unas cuentas que no reflejaban la situación real de Bankia y que sólo un año después tuvieron que ser revisadas para recoger un agujero de miles de millones de euros que hizo necesario su rescate.

Según el Ministerio Público, el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, su exconsejero delegado Francisco Verdú, el exvicepresidente José Luis Olivas y el exconsejero José Manuel Fernández Norniella son los responsables al más alto nivel del engaño.

Por ese motivo, la Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de prisión para Rato, cuatro para Olivas, tres para Norniella, y dos años y siete meses de prisión para Verdú. Para todos ellos fija una multa diaria de 200 euros durante 10 meses, lo que suponen 60.000 euros de sanción.

A todos ellos, el Ministerio Público les hace responsables de indemnizar conjunta y solidariamente por partes iguales a los inversores minoristas que acudieron a la salida a Bolsa, exceptuando al grueso al que Bankia ya ha devuelto el dinero. La entidad nacionalizada es también responsable civil subsidiario.

La Fiscalía decidió no acusar del delito de falsedad contable al auditor Deloitte, ni al socio responsable de firmar las cuentas de Bankia de 2010 y 2011, Francisco Celma, ni tampoco al resto de administradores de la entidad financiera, por entender que no hay base suficiente para armar la acusación pese a que los peritos judiciales acreditan la falsedad de las cuentas.

En este sentido, el fiscal se hace eco de que los inspectores del Banco de España Antonio Busquets y Víctor Sánchez hablan de “irregularidades”, “incorrecciones”, “omisiones” e “inexactitudes” en las diferentes cuentas analizadas, llegando a tacharlas de “falsas” en sus últimos informes, lo que Luzón manifiesta que hacen “sobrepasando el cometido propio de su pericia”.

El Ministerio Público también optó por dejar fuera del proceso a los responsables de supervisión del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) imputados durante la instrucción por mandato de la Audiencia Nacional, ante la negativa del fiscal y del propio juez a investigarles.

En su auto de transformación, de principios de mayo, el magistrado instructor, Fernando Andreu, resolvió procesar a 34 acusados, encabezados por Rato e incluyendo a Francisco Celma, responsable de auditar las cuentas, mientras que dejó a Deloitte como responsable civil.

ACUSACIÓN POPULAR

Por su parte, la acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), presidida por Gonzalo Postigo y representada por el letrado Andrés Herzog, considera que además de estafa a los inversores se produjo en la salida a bolsa de Bankia un delito de falsedad contable.

Por eso la CIC reclama penas de cuatro años y seis meses de prisión por falsear las cuentas y siete años y medio por estafa a inversores, delito por el que también solicita multas diarias de 1.000 euros durante tres años. En suma, llega a pedir hasta 12 años de cárcel para los principales imputados, que a su juicio son 28 consejeros de Bankia y BFA, tres directivos y el socio auditor de Deloitte. En su momento, se opusieron a la exoneración de los responsables de Banco de España y de la CNMV.

También como acusación popular figura el colectivo 15MpaRato, que acusa a los 34 procesados por la salida a Bolsa de Bankia y solicita las penas más duras para Rato y Norniella, para quienes pide 12 años y medio de prisión por falsedad contable y fraude a inversores.

Además, la asociación de consumidores Adicae, en representación de 1.394 accionistas, ha solicitado un total de 363 años y seis meses de prisión para Rato y otros 31 exaltos cargos de la entidad por delitos continuados de falsedad documental y estafa a inversores.

Las acusaciones populares de 15MpaRato y la CIC han solicitado la declaración de testigos de postín como la del exministro de Economía Luis de Guindos; del exgobernador del Banco de España Luis María Linde; del presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri; del expresidente de ‘la Caixa’ Isidro Fainé, y del presidente del BBVA, Francisco González, o de la responsable del FMI Christine Lagarde..

ESTRATEGIA DE BANKIA

Por su parte, Bankia y su matriz BFA defenderán en el arranque de la vista la aplicación de la llamada ‘doctrina Botín’, que estableció en el caso del banquero que una persona física o jurídica no puede ser juzgada si no hay acusación por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, como ocurre en este caso, si sólo pesa en su contra la acusación popular.

En este juicio están acusados de los delitos de falsedad de cuentas y estafa a los inversores Bankia, BFA, Deloitte y 33 exdirectivos del banco, entre ellos el expresidente, Rodrigo Rato. Pero el Ministerio Público sólo acusa a Rato y a los exdirectivos José Manuel Fernández Norniella, José Luis Olivas y Francisco Verdú.

El resto de los que se sientan en el banquillo sólo lo están por las acusaciones populares ejercidas por Adicae, Aemec, CIC, CGT o 15MpaRato y por las acusaciones particulares de miles de ciudadanos que invirtieron en la salida a Bolsa de Bankia y perdieron su dinero.

Bankia ha compensado a alrededor de 11.000 inversores afectados y aún no lo ha hecho con 168 personas, que según los datos de la entidad no han acudido a reclamar su dinero. Para estas compensaciones, la entidad tiene en reserva un depósito de dos millones de euros.

Este lunes, en las cuestiones previas se tendrá que dilucidar la aplicación de la ‘doctrina Botín’. Además, la representación de Bankia pedirá al tribunal que revise la correcta personación de los supuestos perjudicados representados por las acusaciones, porque sospecha que algunos han muerto o quienes dicen representarles no tienen los poderes judiciales correspondientes. En caso de que las personaciones no fuesen correctas “el juicio sería nulo”, según fuentes de la entidad bancaria.