Este lunes concluye el plazo para que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa aporte el listado de bienes embargables para cubrir la fianza de 16 millones de euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu para cubrir una eventual responsabilidad civil por el uso de tarjetas opacas de la entidad, después de que se le hiciera el correspondiente requerimiento el pasado viernes.

Transcurrido el pasado miércoles el plazo para que el banquero depositara la fianza, el juez inició el proceso de embargo el jueves 23. Ese proceso establece un plazo de 24 horas a partir de la notificación para que el imputado presente la relación de bienes embargables.

En una providencia dictada ese jueves, Andreu comenzó el trámite para embargar a Blesa y, tal como contempla la Ley de Enjuiciamiento Civil, acordó que la secretaria judicial hiciera un requerimiento personal al banquero para que presentara, en un plazo de 24 horas, la relación de bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía fijada.

Como establece la ley, Blesa tendrá que explicar si los bienes están ocupados o no, por qué personas y con qué títulos se le apercibirá de las sanciones que pueden imponérsele, cuando menos, por desobediencia grave.

El juzgado dio traslado al requerimiento el viernes, por lo que las 24 horas previstas en la ley expiran el primer día hábil, que es este lunes, de forma que Blesa tendrá que aportar el listado o la secretaria judicial puede trasladarse para recibirlo a su domicilio.

SANCIONES

Si se diera el caso de que no presenta la relación de sus bienes o incluya bienes que no sean suyos, excluya otros que sean susceptibles de ser embargados o no desvele cargas y gravámenes que puedan pesar sobre esos bienes, podrá ser sancionado.

El expresidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato evitó el proceso de embargo al depositar un aval bancario que satisfacía los tres millones de euros de fianza impuestos por el juez.

El magistrado también se ha dirigido a la Unidad de la Policía Judicial de la Audiencia Nacional para que emprenda la investigación de oficio sobre el patrimonio de Blesa.

El exbanquero ya había dejado entrever que no podría reunir la cantidad exigida por el magistrado y, de hecho, a principios de semana intentó que la aseguradora Mapfre se hiciera cargo del pago con cargo a la cobertura de responsabilidad de la póliza.

La defensa de Blesa pretendía que fuera el propio juez quien se dirigiera a la aseguradora para reclamar el depósito, extremo este que el magistrado rehusó. Aunque Mapfre se hiciera cargo de la fianza, podría acabar reclamándosela si se le declarara culpable, puesto que la cobertura citada no tendría efecto si se demostrara que ha existido un delito.

La Ley de Enjuiciamiento Civil obliga a citar a la persona para que el requerido aporte su lista de bienes según el artículo 589 de la citada norma. En esa lista, Blesa debería señalar los bienes que considera suficientes para satisfacer la fianza.

Entonces el secretario judicial requiere mediante diligencia de ordenación al ejecutado para que «manifestase bienes y derechos suficientes con expresión de cargas y gravámenes, así como en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué títulos».

En ese requerimiento se le informará de las sanciones que pueden imponérsele «por desobediencia grave» en caso de que no presente la relación de bienes, o incluya propiedades que no sean suyas, o excluya otros bienes susceptibles de embargo, o no desvele cargas y gravámenes que existan sobre ellos. En esos casos, el secretario judicial podría imponer multas coercitivas periódicas al ejecutado que no responda debidamente al requerimiento.

Al mismo tiempo el juzgado hace su propia investigación de los bienes del imputado y para ello se sirve del ‘Punto Neutro Judicial’, donde con el uso de unas claves el juzgado puede acceder a la información patrimonial de las personas que son embargadas.

Es decir, el juzgado tiene acceso a los datos del Registro de la Propiedad, Mercantil, de Bienes Muebles, de Bienes Inmuebles, el Catastro, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria para conocer en profundidad el patrimonio del ejecutado. Además, el juez cuenta con la asistencia de la Policía Judicial, que tiene potestad para investigar los bienes, la titularidad de los mismos y si algunos de ellos pueden estar a nombre de sociedades interpuestas o testaferros.

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