Iberdrola ha esgrimido una opinión legal de Baker McKenzie que señala que «no ha existido ninguna ilegalidad o irregularidad» por parte de los miembros del consejo de administración o altos directivos del grupo en el proceso de contratación de Cenyt, que ha supuesto la imputación como persona jurídica de Iberdrola Renovables Energía por un presunto delito de cohecho por los encargos a la compañía del excomisario José Manuel Villarejo.
En la presentación de sus resultados del primer semestre, el grupo ha incorporado el documento del bufete internacional, en el que se considera que, en relación con Iberdrola Renovables Energía, «no existe un riesgo real de condena» en la ‘pieza 17’ «(como tampoco de ninguna otra sociedad del Grupo Iberdrola)».
El juez del caso ‘Tándem’, Manuel García-Castellón, acordó el pasado 9 de julio imputar a la filial de Iberdrola por un presunto delito de cohecho por los encargos que habría realizado a Villarejo cuando estaba en activo en el llamado proyecto ‘Wind’.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional señala que Iberdrola Renovables habría contratado a Villarejo a finales de 2011 a través del entonces director de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, para investigar a la empresa suiza Eólica Dobrogea, a su accionista mayoritario Chrisopher Kaap y a su apoderado Corneliu Dica, en un contrato para la prestación de un servicio en Rumanía, por la que pagó una factura de 25.000 euros más IVA en 2012.
Baker McKenzie concluye así que los hechos, «en lo que al Grupo Iberdrola se refiere, no pueden considerarse jurídicamente relevantes, por lo que el impacto del procedimiento solo puede ser -en su caso- reputacional».
En este sentido, la firma recoge tanto la investigación interna llevada a cabo por el grupo al respecto, así como las conclusiones de la Unidad de Cumplimiento, que consideraron que no se había detectado ninguna irregularidad en el proceso de contratación de Cenyt por parte de Iberdrola e Iberdrola Renovables Energía.
Además, afirma que la conclusión de la Unidad de Cumplimiento ha sido también alcanza por PwC en «una investigación completamente independiente y autónoma».
En una conferencia con analistas, el presidente de la energética, Ignacio Sánchez Galán, señaló así que tanto empresas internas como externas de asesoriamento legal «han llegado a la misma conclusión, que no hay nada irregular ni nada ilegal». «Ningún miembro del consejo de administración ni ningún alto directivo ha cometido ningún tipo de cosa ilegal, y eso es lo que puedo decir», dijo.
Además, Galán indicó que durante tres años la compañía ha tenido que estar «leyendo» sobre este tema, sin poder formar parte del proceso, ya que el juez se lo negó.
La compañía también recordó que al menos 21 empresas españolas y algunas administraciones públicas «contrataron a una empresa de seguridad registrada ilegal llamada Cenyt».
Asimismo, el grupo energético reiteró que emprenderá «todas las acciones legales para defender la reputación de la empresa, por una parte, y, por otra, los intereses de sus accionistas».
