Iberdrola ha presentado una demanda contra Repsol en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander por «competencia desleal y publicidad engañosa», al considerar que ha incurrido en ‘greenwashing’ o blanqueo ecológico, según informaron a Europa Press en fuentes de la eléctrica.

Esta demanda, presentada el pasado mes de febrero, ha sido admitida a trámite por el juzgado. No obstante, fuentes de Repsol señalaron a Europa Press que no les había sido aún notificada.

En concreto, Iberdrola ha acudido a un juzgado de Cantabria ya que, de acuerdo con la normativa procesal, cuando se demandan empresas con diferentes domicilios sociales, el demandante puede elegir el lugar de cualquiera de esos domicilios. En este caso la sociedad competidora de Iberdrola en la venta de luz y gas, Repsol Distribuidora de Electricidad y Gas, tiene su domicilio social en Santander.

El escrito se interpone al amparo de la Ley de Competencia Desleal, basándose en los artículos de actos de engaño (art. 5), omisiones engañosa (art. 7) y publicidad ilícita (art. 18) en el marco de sus campañas de publicidad y comunicaciones corporativas.

En la demanda, adelantada por ‘El Confidencial’ este lunes, Iberdrola acusa a Repsol de promocionar iniciativas sostenibles, «cuando su oferta multi producto busca fomentar el uso de carburantes», así como de «centrarse en la sostenibilidad, cuando constituye un elemento menor de sus actividades actuales».

Además, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán considera que las campañas de Repsol «constituyen una infracción de la Ley de Competencia Desleal, al incluir actos de engaños y omisiones engañosas sobre el compromiso medioambiental de la compañía».

Para Iberdrola, «la generalización de estas prácticas de ‘eco postureo’ tiene consecuencias en los mercados, ya que termina por erosionar la confianza del consumidor en las iniciativas de sostenibilidad y socava los esfuerzos de las empresas que realmente estamos trabajando por construir un mundo más sostenible».

Por su parte, fuentes de Repsol consultadas por Europa Press defienden que su estrategia y su propuesta de valor a los clientes «son únicas en la Península Ibérica y han generado nerviosismo en Iberdrola, una empresa que no está acostumbrada a manejarse en un marco competitivo, sino más bien a depender de las reglas propias de un mercado eminentemente regulado».

«CARENTE DE FUNDAMENTO».

«Prueba de ese nerviosismo es la presentación de esta supuesta demanda, carente de fundamento y de la que Repsol no ha sido notificada. Repsol seguirá creciendo en clientes de electricidad y continuará ofreciendo a la sociedad soluciones energéticas de presente y de futuro, como los combustibles renovables, que son vistos por parte de algunos, entre ellos Iberdrola, como una amenaza al discurso, falso, de que la electrificación es la solución única para reducir las emisiones de CO2 en el transporte», han añadido las mismas fuentes.

En su escrito, Iberdrola solicita así que se declare que Repsol está llevando a cabo actos de competencia desleal, «condenando a dicha compañía a cesar en la realización de estos, prohibirle su reiteración futura y remover sus efectos».

Asimismo, pide que se obligue a la compañía a cesar en dichas conductas y a no reiterarlas en el futuro, además de la remoción de los efectos producidos y a la destrucción de mercaderías, embalajes de productos, cartelería, entregables y folletos publicitarios, correspondencia comercial, videos o grabaciones acústicas, o cualesquiera otros materiales destinados a hacer llegar a los consumidores los contenidos publicitados.

También, en caso de sentencia a su favor, exige publicar la sentencia en su página web corporativa, y en radio y televisión, al menos una vez al día durante una semana, en los mismos canales y la misma franja horaria y duración que tuvieron los contenidos declarados ilícitos, así como en dos periódicos de mayor circulación a nivel nacional, y en las redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Flickr y TikTok).

Según Iberdrola, Repsol es una compañía dedicada «principalmente a la exploración, explotación y comercialización de combustibles fósiles altamente contaminantes, teniendo en cuenta sus magnitudes económicas».

En este sentido, la eléctrica recoge que en el año 2022 Repsol ha aumentado sus emisiones de CO2 en un 16%, «siendo el mayor emisor de CO2 de España, que ha destinado el 82% de sus inversiones a combustibles fósiles y solo el 0,82% a la producción de energía renovable en 2022 y que «tan solo el 0,4% de sus ingresos provienen de actividades de generación renovable en 2022». Además, recuerda que Repsol ha sido ya sancionada en dos ocasiones por ‘greenwashing’ por las autoridades de Reino Unido.

De su lado, fuentes de Repsol destacaron que el grupo «se ha convertido en tan solo cinco años en una compañía multienergética, con una oferta comercial única en España que incluye ahorros a sus clientes y capacidad para satisfacer las necesidades energéticas y de movilidad de cualquier persona».

A este respecto, recuerdan que el año pasado sumaron 246.000 nuevos clientes de electricidad en España -el operador con más altas en 2023- y superaron los 2,1 millones de clientes, situándose como la cuarta comercializadora del país.

Además, señalan que en generación renovable la compañía -que en 2019 fue la primera empresa del sector en asumir el compromiso de ser cero emisiones netas en 2050- cuenta con 2.800 megavatios (MW) de capacidad instalada en España y, en el sector de la recarga eléctrica, ha firmado importantes contratos con empresas relevantes y tiene más de 1.700 puntos operativos.

«A esto se suma su red de estaciones de servicio, con más de 3.300 puntos repartidos por todo el país, donde ha iniciado el despliegue de combustibles 100% renovables; la aplicación Waylet, que llega a casi 8 millones de usuarios y ofrece todo tipo de ofertas, bienes y servicios; y el inicio, en octubre de 2023, de la producción de hidrógeno renovable, una de las vías para la descarbonización de los grandes centros industriales», añadieron.

La Directiva sobre empoderamiento de los consumidores para la transición verde, introduce normas específicas para hacer frente a las prácticas comerciales desleales que inducen a error, como el ‘greenwashing’.

Asimismo, el Reglamento de Taxonomía europeo señala la exigencia de canalizar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles, por lo que se deben los obstáculos a una circulación del capital a inversiones sostenibles, como sería el ‘greenwashing’.