Iberdrola y Repsol se ven las caras este jueves en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander en la demanda presentada por la eléctrica contra la petrolera por «competencia desleal» y «publicidad engañosa», en el primer juicio entre empresas por ‘greenwashing’ España.

El juicio tendrá por escenario la ciudad de Santander ya que, de acuerdo con la normativa procesal, cuando se demandan empresas con diferentes domicilios sociales, el demandante, en este caso Iberdrola, puede elegir el lugar de cualquiera de esos domicilios.

En este caso la sociedad competidora de la eléctrica en la venta de luz y gas, Repsol Distribuidora de Electricidad y Gas, tiene su domicilio social en Santander, a pesar de que la demanda también se dirigía contra la filial de productos petrolíferos y la propia matriz, Repsol SA, con sede en Madrid.

De hecho, Repsol trató de derivar el asunto a los juzgados de Madrid al dirigirse la causa también contra la matriz, aunque la petición fue finalmente rechazada.

Este jueves tendrá lugar la vista oral, en la que los peritos y abogados de ambas partes se verán las caras en el juzgado. Iberdrola cuenta con el asesoramiento de la consultora Nera y con el bufete Ontier, mientras que Repsol tiene para su defensa el despacho Dentons.

Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que la sentencia del juicio, tras la vista de este jueves, podría conocerse entre finales de este año o principios de 2025.

Jurídicamente la demanda es pionera, ya que el ‘greenwashing’ como tal no es algo tipificado actualmente en el ordenamiento jurídico español.

En el caso de la Unión Europea, se ha fijado como uno de los objetivos prioritarios la lucha contra el cambio climático, obligándose a conseguir una reducción de emisiones del 55% a 2030 y la neutralidad climática en 2050, y para ello se ha aprobado diversa normativa de aplicación obligatoria, en el ámbito energético, de las finanzas sostenibles o la protección de los consumidores.

De hecho, existe la directiva europea sobre empoderamiento de los consumidores para la transición verde, aprobada en febrero y que introduce normas específicas para hacer frente a las prácticas comerciales desleales que inducen a error, como el ‘greenwashing’, aunque no ha sido todavía transpuesta por España.

El pasado mes de febrero, Iberdrola interpuso su demanda al amparo de la Ley de Competencia Desleal, basándose en los artículos de actos de engaño (art. 5), omisiones engañosas (art. 7) y publicidad ilícita (art. 18) en el marco de sus campañas de publicidad y comunicaciones corporativas.

En la denuncia, la eléctrica acusaba a Repsol de promocionar iniciativas sostenibles, «cuando su oferta multiproducto busca fomentar el uso de carburantes», así como de «centrarse en la sostenibilidad, cuando constituye un elemento menor de sus actividades actuales».

Además, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán consideraba que las campañas de Repsol constituían «una infracción de la Ley de Competencia Desleal, al incluir actos de engaños y omisiones engañosas sobre el compromiso medioambiental de la compañía».

El objetivo de Iberdrola con esta demanda es solicitar que se declare que Repsol está llevando a cabo actos de competencia desleal, condenando a la compañía a cesar en la realización de estos, prohibirle su reiteración futura y remover sus efectos.

Asimismo, se pide que se publique la sentencia por Repsol en el apartado ‘Sala de Prensa’ de su página web corporativa, y en radio y televisión, al menos una vez al día durante una semana, en los mismos canales y la misma franja horaria y duración que tuvieron los contenidos declarados ilícitos, así como en dos periódicos de mayor circulación a nivel nacional, y en las redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Flickr y TikTok).

Pero más allá de estos fines, Iberdrola quiere poner el foco en el denominado ‘ecopostureo’ y garantizar que todo el mercado, y en especial los clientes actuales y potenciales, tengan información veraz y transparente sobre las propuestas de las diferentes comercializadoras presentes en el mercado.

Además, busca abrir un camino ya explorado en otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Italia, donde ya se han tomado medidas contra compañías, principalmente petroleras, por incurrir en ‘greenwashing’.

REPSOL DEFIENDE SU ESTRATEGIA EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA.

Por su parte, Repsol defiende su estrategia en cuanto a su ambición en la transición energética, «con el único objetivo de ofrecer los bienes y servicios que la sociedad demanda, a un precio competitivo, con la menor huella de carbono posible y garantizando a su vez el suministro».

Además, pone en valor que en cinco años se ha convertido en una compañía multienergética, «con una oferta comercial única en España que incluye ahorros a sus clientes y capacidad para satisfacer las necesidades energéticas y movilidad de cualquier cliente».

Así, la compañía presidida por Antonio Brufau destaca que supera ya los 2,4 millones de clientes en la Península Ibérica, situándose como la cuarta comercializadora del país y cuenta con dos gigavatios (GW) en renovables de capacidad instalada en España, además de, en el sector de la recarga eléctrica, haber ganado grandes contratos con empresas relevantes y contar más de 2.000 puntos de recarga instalados.

A esto suma su red de estaciones de servicio, con más de 3.300 puntos repartidos por todo el país, donde ha iniciado el despliegue de combustibles 100% renovables, que ya casi alcanza las 600 estaciones de servicio; o el inicio de la producción de hidrógeno renovable en octubre de 2023 y la puesta en marcha en Cartagena de la primera planta a escala industrial de combustibles renovables en la Península.

Así, Repsol insiste en que es una compañía «acostumbrada a competir en un mercado abierto y que mantendrá su claridad estratégica y su ambición en la transición energética».

REVELA EL «NERVIOSISMO» DE IBERDROLA.

De hecho, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró que la demanda presentada por Iberdrola revelaba el «nerviosismo» de la eléctrica y también afirmó que con esta denuncia buscaba «limitar el crecimiento» de la energética en el sector eléctrico.

«A Repsol no le va a distraer una demanda judicial de una empresa que no está acostumbrada a competir en un mercado abierto, sino que más bien está acostumbrada a moverse en entornos regulados que dependen del Boletín Oficial del Estado. Con esta demanda, carente de fundamento jurídico, lo primero que demuestran es que están nerviosos», afirmó Imaz el pasado 21 de marzo durante una jornada organizada por Funseam y la Fundación Repsol denominada ‘Energía y economía, un binomio de futuro’.