El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela, el que instruye la causa por el accidente que costó la vida a 80 personas el pasado 24 de julio, ha notificado hoy un auto en el que llama a declarar en calidad de imputados a once responsables de Adif en el momento en que se decidió no implantar el sistema de seguridad Ertms en la línea de alta velocidad Ourense-Santiago con José Blanco en el Ministerio de Fomento.

En el auto, suscrito por el juez Luis Aláez, se cita al expresidente de la entidad, Antonio González Marín, a los miembros del Consejo de Administración y al director de seguridad en la circulación en el momento en que se remodeló la línea ferroviaria entre Ourense y Santiago.

El magistrado, que acaba de abandonar ese juzgado y ha sido sustituido por Andrés Lago, considera a estos responsables de Adif «potenciales autores de un delito contra la seguridad colectiva, previsto y penado en el Código Penal; y partícipes en los delitos de homicidio y lesiones.

En su auto el juez afirma que «la instalación de seguridad implantada en la vía para eliminar el peligro que representa la curva de Angrois no es la exigible y adecuada con arreglo a las pautas técnicas consolidadas recogidas en la normativa del sector».

En opinión del instructor , debió protegerse el paso por la curva de A Grandeira con un sistema que supervisase de modo constante la velocidad del tren (Ertms), y de no haberlo hecho se debió suplir la ausencia de esa instalación de seguridad con otra que, para mantener el correcto nivel de seguridad, exigía una innovación o cambio normativo.

«Como reiteradamente se ha dicho, ni se instaló Ertms hasta después de la curva de A Grandeira ni se suplió su falta por otra instalación de seguridad, adoptándose una solución que constituye una infracción de las normas de seguridad ferroviaria, generando un riesgo intolerable que a la postre se ha traducido en el descarrilamiento de un tren con desastrosas consecuencias», añade el juez.

En el auto se recoge también la opinión de dos peritos que sostienen que la desconexión del sistema Ertms «parece que ha supuesto degradar la seguridad» al convertir una forma de circulación que se prevé extraordinaria en una línea de alta velocidad, en ordinaria.

El expresidente González Marín debe declarar el 28 de mayo en Sevilla mientras que los restantes imputados lo harán entre el 22, 23, 26, 27 y 28 de ese mismo mes.

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