El Ministerio de Industria, Energía y Turismo no decidirá sobre la reapertura del almacén subterráneo de gas Castor, situado frente a las costas de Vinarós (Castellón), hasta que disponga de las conclusiones de los estudios que realizan actualmente varios expertos internacionales.

Industria no se planteará la reanudación o paralización definitiva de la actividad del almacenamiento hasta que disponga de los análisis de estos expertos independientes, una información adicional al informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN), según explicaron fuentes ministeriales a Servimedia.

Este informe constata una «relación directa» entre los movimientos sísmicos registrados en la zona y la inyección de gas del proyecto Castor, que habría acelerado «un procesos sismotectónico».

Así, el departamento de José Manuel Soria, que ya era conocedor de dicho informe, resolverá el futuro del proyecto Castor, cuya actividad fue paralizada en septiembre de 2013 por el aumento de sismicidad en el sur de Tarragona y norte de Castellón, dando prioridad a la «seguridad» y cuando tenga la certeza de que no hay riesgos de nuevos seísmos en la zona.

El ministro ha reiterado en varias ocasiones que el Gobierno se encuentra a la espera de recabar información adicional por parte de los expertos, tal y como sugiere el informe del Instituto Geográfico, y que actuará conforme a lo que más convenga «al interés general».

En cuanto al coste de la instalación, Soria dijo dar «por bueno» el dato de la auditoría encargada por el Ejecutivo sobre el aumento hasta 1.700 millones del proyecto, unos mil más de los 700 millones presupuestos inicialmente.

En concreto, Soria detalló que la empresa gestora del almacén, Escal UGS, tiene reconocida una retribución por desarrollar esta actividad de 1.273 millones, a los que se suman 186 millones por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes financieros afrontados hasta que empezó a funcionar temporalmente.

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