El Informe de las Comunidades Autónomas define 2024 como el año de la «frustración» por la imposibilidad de llegar a «grandes acuerdos» entre administraciones, en mayor medida por la situación de crispación que atraviesa la política española, ni a la esperada reforma de la financiación autonómica, e incide en que la polarización está impidiendo un entendimiento que antes sí se lograba.

Así lo ha trasladado el director del Informe de las Comunidades Autónomas, Eduard Roig, en la presentación de las valoraciones preliminares del documento, que ha tenido lugar este martes en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, desde donde ha confirmado que 2024 ha sido el año no electoral de actividad legislativa estatal con «menor actividad legislativa» tanto en número como en «contenido».

El informe expresa que la reducción del número de leyes se explica por la menor actividad de tres comunidades que, tradicionalmente, «se distinguen por su mayor actividad legislativa: Cataluña, País Vasco y Galicia», que tuvieron elecciones.

Mientras tanto, el uso del decreto-ley «sigue incrementándose», lo que en opinión de los académicos manifiesta «problemas de estabilidad de las mayorías parlamentarias».

Roig ha señalado que aunque los gobiernos regionales y el Ejecutivo central no han sido capaces de llegar a acuerdos significativos ni han abordado la financiación autonómica, un debate que lleva pendiente «nueve años», se ha demostrado la «capacidad de adaptación» del sistema autonómico, que resiste a la situación de «inestabilidad institucional».

«2024 ha sido el año en que se ha demostrado que el estado autonómico sigue funcionando: sus capacidades de actuación y respuesta a los desafíos, los instrumentos de acción ordinaria… El funcionamiento de los servicios públicos, la cooperación, el impulso a las infraestructuras, los traspasos han funcionado de forma remarcablemente eficaz», ha apuntado.

Aunque las relaciones bilaterales entre el Gobierno y las comunidades autónomas han manifestado la «tensión política» y el «enfrentamiento entre partidos», el sistema de cooperación no se ha visto del todo resentido. «Las relaciones bilaterales permiten escapar de esta dinámica y expresar prioridades distintas y hasta divergentes de la posición general del propio partido (…) en beneficio de alcanzar acuerdos», defiende el texto.

Sin embargo, en ellas también trasluce la «radicalización de los conflictos», como bajo su punto de vista demuestran las relaciones entre el Ejecutivo y los gobiernos de la Comunidad de Madrid, Canarias y Andalucía.

LA «SINGULARIDAD» DE CATALUÑA COMPLICA LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Todo ello en el año en que el Ejecutivo vio frustrada su aspiración de superar el «procés» con la llegada de Salvador Illa (PSC) a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña. A pesar de la pérdida de poder del independentismo en el Govern, la dependencia del Ejecutivo central de los partidos independentistas Junts y ERC mantuvo algunas dinámicas de tensión, especialmente con la negociación y aprobación de la Ley de Amnistía», ha defendido.

Además, el debate sobre el sistema de financiación se complicó «aún más» con el planteamiento del modelo de financiación singular surgida, un planteamiento que ERC convirtió en condición para apoyar la investidura de Salvador Illa.

«La propuesta sigue pendiente de una mínima concreción que permita su valoración razonada, pero sus ambiguos términos iniciales, casi los típicos de los eslóganes en un contexto de propaganda política, abren un debate sobre su constitucionalidad, su oportunidad, su hipotética generalización y los efectos que comportaría», ha subrayado.

En lo referente a la situación financiera de las comunidades autónoma, el informe describe «avances» que se explican por el «considerable incremento en la recaudación de los tributos propios y cedidos» y de la inyección de recursos económicos del Estado y la Unión Europea (UE), con la transmisión de fondos europeos, así como de la recuperación del acceso de algunas regiones al mercado de la deuda pública.

El director del informe ha subrayado que la colaboración entre el Gobierno y las administraciones regionales sólo ha funcionado en los casos del País Vasco, Navarra, Cataluña y las Islas Canarias.

EL SENADO, SEDE DE «CONSTANTE ENFRENTAMIENTO» CON EL GOBIERNO

La mayoría absoluta cosechada por el PP en el Senado ha dado paso al «constante enfrentamiento» entre la Cámara alta, el Gobierno, el Congreso y la oposición parlamentaria del PP.

«En estos meses se han planteado ante el Tribunal Constitucional (TC) más conflictos entre órganos constitucionales que en toda la historia. Todos ellos implican al Senado, sea en relación con el Gobierno o con el Congreso de los Diputados. En 2024 se suscitaron tres conflictos, a los que deben añadirse los dos de inicio de 2025 referidos a actuaciones de 2024. Y la tendencia se ha consolidado en los primeros meses de 2025 con tres conflictos más», indica el informe.

«La actuación del Senado ha llegado a nuevos máximos que transforman sin paliativos su papel constitucional nunca alcanzado de Cámara de representación territorial por su rol como una dura cámara de oposición al Gobierno y al Congreso a cualquier coste: un bicameralismo muy conflictivo», añade.