La Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) ha emitido una ‘alerta roja’ para la búsqueda y detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Carlos Treviño, acusado de blanqueo de capitales y asociación delictiva.
El organismo internacional ha atendido así a la petición de la Fiscalía General mexicana para localizar a Treviño, quien durante los últimos años del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto se asentó en Texas, en Estados Unidos, según reconoció su abogado, apunta el diario local ‘El Universal’.
Treviño debería haberse presentado a comparecer ante las autoridades mexicanas en septiembre por los delitos que se le imputan, sin embargo no se personó, por lo que la Fiscalía solicitó a Interpol la emisión de una notificación de búsqueda a nivel internacional.
Anteriormente, un juez federal ya había dictado una orden de detención contra el que fuera ejecutivo de Pemex por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y por asociación delictiva en el caso de la planta Etileno XXI, después de las declaraciones inculpatorias de su predecesor en el cargo, Emilio Lozoya, en el marco de la trama vinculada con la constructora brasileña Odebrecht.
Treviño, sin embargo, negó estas acusaciones y remitió al juez una misiva en la que justificaba su ausencia en la comparecencia bajo el argumento de la ausencia de seguridad jurídica para llevar a cabo un juicio justo.
Lozoya, que hasta ahora había evitado entrar en prisión a cambio de ofrecer más pruebas sobre la corrupción cometida en el sexenio anterior de Peña Nieto, acusó a Treviño de haber recibido cuatro millones de pesos en ‘mordidas’ –sobornos– (casi 170.000 euros) en 2014 a través del que fuera ministro de Hacienda, Luis Videgaray.
Por su parte, la Justicia mexicana dictó este miércoles una segunda orden de prisión preventiva justificada contra Lozoya como una medida cautelar por «riesgo de fuga derivado de su capacidad económica».
El exjefe de Pemex fue vinculado al proceso de Agronitrogenados en julio de 2020 por un presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la compraventa de la planta de fertilizantes. En concreto, se le imputó por, presuntamente, haber recibido un soborno de 3,5 millones de dólares (más de tres millones de euros) por parte de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, a quien adquirió la instalación.
