La ministra de Hacienda María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno tiende la mano a todos los grupos parlamentarios que quieren debatir y dialogar para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, de forma que solamente «se autodescartan» los partidos de la derecha.
«Siempre que llegamos a este momento, a la elaboración de los prespuestos, de lo que se trata es de concitar las mayores alianzas posibles; el Gobierno tiende la mano a todos los grupos parlamentarios que tengan una oposición constructiva, de forma que solamente se autodescartan, como viene siendo habitual, los partidos de la derecha, con el PP a la cabeza, con Vox y Ciudadanos», ha señalado la titular de Hacienda en declaraciones a ‘La hora de la 1’ recogidas por Europa Press.
Montero ha explicado que a partir de ahora comenzará una ronda «un poco más detallada», especialmente con PNV y Esquerra Republicana, que, según ha señalado, son «interlocutores prioritarios» con los que el Ejecutivo tiene que ver las cuentas públicas y recibir sus aportaciones.
«Siempre el momento del presupuesto es también un detenimiento en el camino para ver lo que se ha cumplido y lo que no del Pacto de Investidura y lo que tenemos que desarollar», ha afirmado al ser preguntada por si hay disposición del Gobierno para negociar el traspaso de competencias de Cercanías a Cataluña.
Asimismo, la ministra de Hacienda ha resaltado que el Gobierno viene demostrando que hay una forma distinta de salir de la crisis y que el PP «en vez de aplaudir y de sumarse a este proyecto, habla mal del Ejecutivo como estrategia.
Montero ha señalado además que no es cierto que se incrementen el déficit y la deuda y que se puede salir de la crisis de otra manera, al tiempo que ha resaltado que el crecimiento de España es «sostenido y sólido» y se está traduciendo en mayores oportunidades para los ciudadanos.
La reforma fiscal podría entrar en vigor a lo largo de 2022 o en 2023
«Hay algunas transformaciones sustanciales de las figuras fiscales que van a requerir una ley específica», ha adelantado también la titular de Hacienda en una entrevista en RTVE recogida por Europa Press.
Actualmente, un comité de 17 expertos está analizando el sistema tributario español y deberá presentar sus conclusiones al Ejecutivo antes del 28 de febrero del próximo año, para que éste aborde una serie de ajustes fiscales –al alza o a la baja– con el objetivo de impulsar un sistema eficaz, sólido y progresivo, que permita sostener e incluso fortalecer el Estado de Bienestar.
Así, no será necesario esperar a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para abordar algunas medidas que plantee el comité de expertos, según ha confirmado la propia ministra de Hacienda.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 incorporan pocas novedades fiscales, siendo la más importante el establecimiento del tipo mínimo del 15% para las empresas que facturen más de 20 millones de euros, con la que el Gobierno espera recaudar unos 400 millones de euros.
Junto con este cambio en el Impuesto sobre Sociedades, las cuentas del próximo año solo incorporan otras dos novedades fiscales: la congelación del sistema de módulos por el que tributan gran parte de pymes y autónomos y la reducción de las aportaciones individuales a planes de pensiones con derecho a deducción, que se compensa con el aumento de las aportaciones a los planes de empresa, aunque se mantiene como aportación total la cifra de 10.000 euros anuales como máximo.
COMPROMISO DE REDUCIR EL DÉFICIT Y LA DEUDA
Montero ha defendido, además, que el compromiso con Bruselas es «muy claro» y, pese a la suspensión de reglas fiscales este año y el próximo, España reducirá a lo largo de los próximos años con medidas fiscales y a través de un crecimiento sostenido de la economía el déficit y la deuda, sin reducir el gasto público.
«El crecimiento de España es sostenido y sólido y se está traduciendo en mayores oportunidades con este Presupuesto», ha asegurado la ministra, que ha destacado la especial atención que prestan las cuentas públicas del próximo año a los jóvenes.
Niega que la descentralización es ir contra Madrid
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha señalado este lunes que la propuesta del Gobierno de llevar a distintos puntos del país instituciones y organismos del Estado que tienen sede en Madrid es algo «deseado por la gran mayoría de españoles» y niega que suponga un ataque contra Madrid.
«Necesitamos que las instituciones tengan una presencia a nivel territorial que supere los límites tradicionales de la capital» ha afirmado la ministra, que no lo considera un ataque «contra nadie» ni tampoco que tenga que ver con la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez «sobre Madrid», sino un reconocimiento de las «singularidades» de los territorios.
En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Montero ha explicado que esta propuesta responde a la necesidad de que las instituciones se acerquen a los ciudadanos y ha abogado por que «determinadas instituciones» puedan estar descentralizadas y en toda la geografía porque es «muy rica y diversa» y no se limita a «los contornos de la capital».
«Se trata de llevar adelante una vocación de reconocimiento de todas las singularidades y las situaciones que hay en los territorios. Aquellos que somos de fuera de la capital siempre hemos anhelado un mayor protagonismo de la vida política sobre las instituciones que tenemos a nivel central», ha añadido.
LA DESCENTRALIZACIÓN TIENE QUE «ECHAR A ANDAR»
Para la ministra esta es una idea que tiene que «echar a andar» y se tiene que ir «rodando» porque significa que en España se trabaja y avanza «juntos».
Esta propuesta fue formulada a finales de septiembre por el presidente Sánchez, quien defendió que para afrontar el reto demográfico y hacer de ello una «política de Estado» no solo es necesario reformar la financiación autonómica sino también apostar por la «desconcentración» de «muchas de esas instituciones públicas que históricamente han estado en Madrid».
«¿Por qué no pueden estar en otras partes de España?», se preguntó Sánchez y defendió que el Gobierno está dispuesto a llevar de Madrid a otros territorios las sedes de algunas instituciones públicas, además de apostar también por reforzar la red de infraestructuras y de aprovechar la «ventana de oportunidad» que representan los Fondos Europeos «para el bienestar y el progreso de todos los territorios».
