Es raro ver su rostro serio. Su pelo corto y su mirada expresiva van casi siempre adornados por una sonrisa. Incluso en Bruselas, cuando tiene que pelear por las cuotas lácteas y mantener los precios de la PAC. Su predecesor, Miguel Arias Cañete, le dejó el listón muy alto, sin embargo, Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura en funciones, se ha convertido en la gran revelación del Gobierno de Mariano Rajoy. El futuro la espera…

Ahora que la legislatura toca su fin, ¿qué tres medidas son las que destacaría de su mandato?

Desde el principio de la Legislatura, este Gobierno ha demostrado una clara vocación agraria, consciente de la importancia social que tiene el sector agroalimentario para nuestro país y de su enorme potencial económico. Por ello, hemos trabajado para dotarle de las mejores herramientas para que pueda desplegar todas sus posibilidades, tanto en el mercado nacional como en los mercados exteriores, donde nuestros productos son cada día más apreciados.

Entre estas herramientas podríamos destacar la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, una medida pionera en la Unión Europea que va a contribuir a un desarrollo más equilibrado del sector agroalimentario. Con esta norma se busca reducir los desequilibrios en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, y lograr un marco de competencia justa que redunde en beneficio no sólo de los operadores del sector, sino también de los consumidores.

Asimismo, el sector cuenta con la Ley de integración cooperativa, que facilita unión entre cooperativas y el fomento de la integración asociativa para mejorar su competitividad, a través de la formación de grupos cooperativos de gran dimensión económica. Para su aplicación, la ley cuenta con dos herramientas como la creación de la figura de la Entidad Asociativa Prioritaria y el Plan Estatal de Integración Asociativa, que será financiado en gran medida por fondos del programa de desarrollo rural.

Quisiera precisar que, a pesar de que el esfuerzo para las entidades asociativas es grande, el sector cooperativo español está respondiendo adecuadamente. De hecho,  ya se ha producido el primer movimiento, como ha sido la constitución de OVIESPAIN, una Entidad Asociativa que integra a cinco cooperativas de ganaderos de 29 provincias, de 11 Comunidades Autónomas, que concentra el 15% de la producción de ovino de carne de España, y que es la mayor de la Unión Europea en este sector. Se trata del primer paso para la formación de otros muchos grupos, con lo que se logrará un sector más fuerte y mejor vertebrado, que aproveche al máximo las oportunidades que ofrece el mercado global.

Otra de las cuestiones fundamentales que ha logrado este Gobierno ha sido una muy buena negociación del Marco Financiero Plurianual 2014-2020 de la Unión Europea y, en especial, su componente agrario. De esta forma, gracias a una intensa labor negociadora, el Gobierno logró para España 47.500 millones de euros para la aplicación de la Política Agrícola Común, una cantidad que supone el 30% de las rentas de los agricultores y ganaderos españoles y que les da garantía de estabilidad para los próximos años. De estos 47.500 millones, alrededor de 35.700 millones corresponderán a ayudas directas a los agricultores, 8.300 millones a financiar las medidas de los programas de desarrollo rural, y 3.500 millones a la financiación de medidas de mercado de la PAC.

Además del componente financiero, el Gobierno le dio la vuelta a la propuesta inicial de la Comisión y negoció una reforma de la PAC con enorme flexibilidad, de manera que el nuevo sistema de pagos directos se adapta a la diversidad productiva de nuestra agricultura y ganadería.

En materia de política forestal, un aspecto destacable durante esta legislatura ha sido la modificación de la ley de montes, cuyo objetivo es mejorar la gestión forestal de los montes para protegerlos frente a incendios, movilizar recursos que actualmente están ociosos, generar empleo y contribuir, por tanto, al desarrollo rural.

En relación con el medio ambiente, el Gobierno ha hecho un enorme esfuerzo en materia de planificación hidrológica. Así, en poco más de dos años y medio conseguimos aprobar todos los planes hidrológicos de cuenca que dependían del Estado. Quisiera recordar que la Directiva Marco del Agua de la UE obligaba a tener aprobados, en el año 2009, todos los planes hidrológicos de cuenca, pero cuando llegamos al Gobierno, a finales de 2011, solo había uno aprobado.

Al mismo tiempo, este Gobierno ha impulsado numerosas medidas y proyectos de lucha contra el cambio climático, sin precedentes en España, avanzando hacia una economía baja en carbono. Para ello, hemos puesto en marcha una política efectiva de mitigación y adaptación, basada en la reducción efectiva de las emisiones de gases de efecto invernadero, financiando inversiones dirigidas a transformar nuestra economía.

Gracias a esta políticas, España ha logrado situarse en el liderazgo en la lucha contra el cambio climático, donde mantiene una posición muy activa en las negociaciones internacionales de cara a la preparación de la próxima Cumbre del Clima de Naciones Unidas (COP 21), donde se espera que se alcance un acuerdo vinculante y global para hacer frente al desafío del cambio climático.

Y en materia pesquera, el Gobierno ha trabajado a lo largo de esta Legislatura para poner en marcha una política pesquera centrada en garantizar la sostenibilidad de la actividad y en el desarrollo de las poblaciones costeras. Este esfuerzo, junto a la colaboración del sector pesquero, ha permitido que España haya recuperado la credibilidad ante las instituciones europeas.

Esta política se ha basado en un mejor conocimiento científico, el cumplimiento estricto de las normas de control y la gestión adecuada, que se aplica para asegurar el buen estado de los recursos a largo plazo, sin comprometer la viabilidad de la pesca y sus beneficios para la economía y el empleo.Además, hemos logrado más cuotas de pesca, casi 35.000 toneladas más que en la Legislatura anterior, lo que supone un aumento del 14 por ciento. Esto revierte en una mayor riqueza para nuestros pescadores, con un incremento en valor de más de 70 millones de euros.

En estos años hemos trabajado también para ampliar la red de acuerdos de pesca de la Unión Europea con terceros países. Así, frente a los 12 acuerdos que estaban en vigor en enero de 2012, hoy nuestra flota dispone de un total de 14. Entre ellos hay que destacar la reanudación de la actividad en aguas de Marruecos, los acuerdos de Guinea Bissau, Senegal y Gabón, y el protocolo con Mauritania.

Esto ha permitido que el sector tenga por delante un futuro con más estabilidad y desarrollo económico, social y medioambiental, con más posibilidades de pesca y de comercialización, más fondos para nuestra flota y nuestra industria, y un liderazgo claro en la Unión Europea en materia de cumplimiento y control.

La superficie de producción ecológica ha aumentado a ritmos superiores al 10 por ciento en el último año, ¿cuál es la hoja de ruta del Gobierno para este sub-sector?

En los últimos diez años, la superficie total en producción ecológica ha tenido un incremento superior al 105%, lo que confirma a España como el primer país de la Unión Europea en superficie.

En el año 2014 elaboramos en el Ministerio una hoja de ruta para la consolidar y desarrollar la producción ecológica. Para ello, se ha puesto en marcha una Estrategia de apoyo a la producción ecológica como una herramienta dinámica, fácil de adaptar a los cambios que se produzcan en un sector en fuerte desarrollo, y orientada a optimizar las potencialidades de este sector.

Los principales aspectos de esta hoja de ruta se fijan en torno a tres objetivos básicos, que se desarrollan en 15 líneas estratégicas y 38 acciones. Con ellos se busca apoyar la evolución y consolidación de la producción ecológica, fomentar del consumo interno y la mejora de la comercialización de productos ecológicos, y contribuir a la vertebración sectorial.

Un elemento muy importante para fomentar nuestra producción ecológica ha sido la creación de una Mesa de coordinación, que se constituye como foro de trabajo del Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas; así como un foro de participación sectorial, que se convierte en la principal herramienta de participación de las entidades representativas del sector.

En este ámbito, se encuentra en una fase avanzada de elaboración el Registro de Operadores Ecológicos, que se constituirá en un instrumento fundamental, no solo para el cumplimiento de la normativa comunitaria en cuanto a publicación de la lista de operadores ecológicos, sino como futura herramienta para la elaboración de las estadísticas ecológicas, y como elemento de apoyo en la lucha contra el fraude.

Como decía anteriormente, uno de los elementos clave para el impulso de la producción ecológica es fomentar el consumo interno. Para ello, el Ministerio pone periódicamente al servicio de los operadores ecológicos una serie de trabajos de caracterización específicos sobre el sector ecológico, estudios de caracterización de la tipología y perfil socio-demográfico del consumidor de productos ecológicos, o análisis sobre la caracterización de la comercialización y distribución de productos ecológicos a través de canales de venta especializados.

Por último añadir que el Departamento también contempla otras acciones en aspectos muy diversos como los seguros agrarios, identificación de líneas específicas prioritarias y tendencias en I+D+i, o diferentes acciones de información para incrementar el nivel de conocimiento de este método de producción, incluida la población infantil.

Muchos agricultores y ganaderos temen que el sector se vea perjudicado con la firma del TTIP,¿están en riesgo nuestras denominaciones de origen? ¿Cuáles son las líneas rojas que no se van a traspasar?

En primer lugar quiero decirle que, aunque es lógico que un acuerdo comercial de la importancia de este provoque una cierta inquietud, estamos convencidos de que resultará muy beneficioso para nuestro sector agroalimentario. Hay que recordar que el mercado estadounidense es nuestro principal destino del grupo de países terceros, con un 14% de las exportaciones totales, lo que representó el año pasado más de 1.300 millones de euros.

Estas cifras, siendo importantes, todavía pueden crecer sensiblemente, tanto por aspectos arancelarios, donde persisten algunos picos, como el de algunas conservas vegetales, que pagan aranceles del 15% frente a las provenientes de países con los que Estados Unidos tiene suscritos acuerdos preferenciales y que entran con arancel cero; como en los aspectos normativos donde, por ejemplo, los procesos de autorización para la exportación de nuevos productos a Estados Unidos son bastante largos, hasta 14 años en el caso de los aguacates y albaricoques.

Todos estos aspectos son los que se pretende corregir con el Acuerdo, y por lo que estamos convencidos de que es una gran oportunidad para nuestro sector agroalimentario sin, por supuesto, olvidar las sensibilidades, que también existen, y que están siendo consideradas en la negociación.

En cuando a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas  no sólo no están en riesgo sino que pueden ser uno de los elementos más beneficiosos para nuestros intereses. Nuestro objetivo, en esta negociación, es garantizar una plena protección para nuestras principales denominaciones de origen, distintas de las vitivinícolas, y mejorar las contempladas en el actual acuerdo de vinos.

Hay que recordar que Estados Unidos y la Unión Europea firmaron, en 2006, un acuerdo bilateral de comercio de vino en el que se reconoce la protección de las denominaciones de origen comunitarias. Este acuerdo que supuso un muy importante paso adelante, no garantiza, sin embargo, la exclusividad para una serie de denominaciones de origen. Este es uno de los elementos que se quiere mejorar, además de, como antes decía, lograr una protección plena para las denominaciones no vínicas.

No va a ser una negociación fácil ya que, como es de sobra conocido, las posturas y modelos de protección son claramente diferentes. Pero insisto, no sólo no están en peligro sino que pueden ser uno de los grandes beneficiarios del acuerdo.

En cuanto a las líneas rojas, la Unión Europea, a lo largo del tiempo, se ha ido dotando de una serie de disposiciones y condicionantes que constituyen lo que se ha dado en llamar el modelo de agricultura europeo. Este modelo, que supone mayores exigencias para nuestros productos, también representa los estándares de calidad y seguridad que la sociedad europea demanda y al que no estamos dispuestos a renunciar.

El Gobierno del Partido Popular y concretamente su negociado ha hecho una apuesta clara por los programas de Desarrollo Rural y la incorporación de la mujer rural al mercado laboral, ¿qué resultados destacaría y qué objetivos tienen previstos de cara a la próxima?

En lo que respecta a los programas de desarrollo rural, quiero destacar el éxito de las negociaciones de los reglamentos comunitarios que llevo a cabo este Ministerio, lo que permitió que España consiguiera un incremento de un 3% de los fondos FEADER para la política de desarrollo rural 2014-2020, frente al período de programación 2007-2013, es decir, un total de 8.291 M€ para todo el periodo 2014-2020.

En concreto, la política de desarrollo rural en España se va aplicar a través de 17 programas de desarrollo rural autonómicos y un programa nacional de desarrollo rural. Las principales medidas incluidas en estos 18 programas son inversión en activos físicos (4.700 M€), medidas forestales (2.000 M€), agroambientales (1.300 M€), LEADER (1.100 M€), zonas con limitaciones naturales (900 M€), desarrollo de explotaciones (870 M€), agricultura ecológica (670 M€), servicios básicos de las poblaciones rurales (350 M€), cooperación (300 M€) y servicios de asesoramiento (170 M€). En este contexto, quisiera destacar que todos los programas de desarrollo rural autonómicos van a destinar más del 30% exigido por el reglamento comunitario a medidas que contribuyen a la protección del medioambiente.

Otra de las novedades para el periodo 2014-2020 es que disponemos de un Programa nacional de desarrollo rural, gestionado por el Ministerio de Agricultura, que contará con una financiación cercana a los 435 millones de euros, para financiar medidas que, en gran medida, se van a centrar en el apoyo a las entidades asociativas prioritarias y la innovación.

En materia de política de desarrollo rural, este Gobierno está centrando sus esfuerzos en conseguir que las personas que desempeñan una actividad agraria y forestal tengan una renta adecuada y que nuestro país alcance el equilibrio entre el crecimiento económico y el respeto por el medio ambiente. A este respecto, resulta esencial la incorporación de jóvenes agricultores, que vamos a fomentar junto a las Comunidades Autónomas con ayudas procedentes de la Política Agrícola Común. En particular, en el caso de las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores incluidas en los programas autonómicos de desarrollo rural, el objetivo es que en toda España se incorporen unos 15.000 agricultores de aquí al 2020, para lo que se destinarán unos 720 millones de euros entre todos los programas.

Asimismo este Gobierno es muy consciente de que la presencia y actividad de las mujeres en el medio rural es clave para evitar el despoblamiento y conseguir un desarrollo pleno y sostenible Las mujeres rurales son esenciales para asentar la población, evitar el envejecimiento del medio rural e impulsar la diversificación económica.

Para ello, hemos trabajado con intensidad para fomentar la igualdad de género en el medio rural, con medidas como el impulso de la ley de titularidad compartida. Además, anualmente convocamos los Premios de Excelencia a la innovación para mujeres rurales.

Y participamos, junto a otros cinco Ministerios, en el plan para la promoción de las mujeres en el medio rural, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, cuyos principales objetivos son visibilizar el papel de las mujeres en el medio rural y difundirlo en la sociedad; superar la brecha de género en materia de empleo y emprendimiento y  facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar y la corresponsabilidad en el medio rural.

Este plan también persigue  promover la incorporación de las mujeres en los órganos y puestos de decisión y participación del ámbito rural; apoyar la labor de las asociaciones de las mujeres del medio rural como elemento clave de dinamización social, económica y cultural;  incorporar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el diseño de las políticas de fomento del medio rural y mejorar y actualizar el conocimiento sobre la situación de las mujeres del medio rural.

¿Cuál es el balance de la Ley de Control de la Cadena Alimentaria?

El 3 de enero de 2014 entró en vigor la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, creada con el objetivo de mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor. Todo ello, en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio no sólo del sector sino también de los consumidores.

Esta ley ha constituido un hito histórico ya que, por primera vez en España, se ha procedido a regular las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria, con el objetivo de establecer un marco normativo que aportase equilibrio entre los distintos eslabones y seguridad en las relaciones comerciales, a la vez que se dotaba de los instrumentos adecuados para garantizar su cumplimiento.

Como he dicho anteriormente, se trata de una ley pionera, que ha establecido, simultáneamente, un sistema de auto responsabilidad de los operadores, junto con un sistema público de control, que se canaliza a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

La ley refuerza la garantía y seguridad jurídica del conjunto de los operadores, garantía que se basa en la obligación de formalizar por escrito los contratos alimentarios. Además, obliga al cumplimiento de una serie de cláusulas como la exigencia de que todos los contratos tengan un precio definido y un plazo de cobro, poniendo fin a la llamada «venta a resultas» o “venta a pérdidas”. También se prohíben las modificaciones unilaterales de los contratos y la imposición de pagos no previstos.

Por otro lado, la autorregulación de las relaciones comerciales se centra en el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria que acaba de ser acordado entre el Ministerio de Agricultura y las organizaciones y asociaciones representativas de la producción, la industria y la distribución.

El Código establece los principios sobre los que han de fundamentarse las relaciones comerciales entre los diferentes operadores que intervienen en la cadena, con objeto de facilitar el desarrollo de sus relaciones contractuales y garantizar las mejores prácticas comerciales.

Otra de las consecuencias más importantes de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria ha sido la celebración del primer Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria. El Observatorio, creado con el fin de contribuir de dotar de mayor transparencia a los mercados, asume, además de las funciones que ya tenía en relación al análisis de los precios de los alimentos, otras nuevas relacionadas con el seguimiento, asesoramiento, consulta, información y estudio del funcionamiento de la cadena alimentaria.

Por último, me gustaría mencionar el formidable trabajo que está realizando la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que, desde su creación y hasta el 1 de septiembre, ha incoado un total de 141 expedientes sancionadores por incumplimientos a la Ley de la Cadena, de los que 74, continúan en tramitación administrativa. De los expedientes resueltos, 38 han acabado con propuesta de sanción y 29 (20,5% de los abiertos) se han archivado.

El balance, sin duda, es muy satisfactorio como tuve la oportunidad de explicar en mi comparecencia en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, a mediados de noviembre. A los eurodiputados les expliqué nuestra experiencia en la implementación de la ley y sus primeros resultados, con el convencimiento de que vamos por el buen camino y que lograremos los objetivos que nos hemos trazado. La clave del éxito de esta norma es que hemos hecho una ley de todos y para todos.