IU pedirá hoy en el Pleno del Congreso la dimisión de Fernández Díaz por las muertes de inmigrantes en Ceuta

IU exigirá este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados la dimisión del titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, por los hechos ocurridos el pasado 6 de febrero en Ceuta y por las explicaciones al respecto dadas en la Cámara Baja por el ministro. Así consta en una moción consecuencia de interpelación, registrada después de que el responsable de dicho departamento reconociese en el Congreso que la Guardia Civil disparó pelotas de goma y botes de humo al agua para disuadir a los inmigrantes que trataban de cruzar a nado la frontera.

El texto, que se debatirá en el Pleno de la Cámara Baja, señala que los hechos «suponen una clara vulneración de los derechos humanos y considera que la gravedad de lo ocurrido debería conllevar la dimisión inmediata del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz».

Asimismo, mediante esta moción La Izquierda Plural quiere que el Congreso haga pública «su condena de los trágicos hechos ocurridos el día 6 de febrero en la frontera entre Ceuta y Marruecos que han conllevado la muerte de un mínimo de diez personas».

En la moción, el grupo parlamentario liderado por Cayo Lara propone también la «prohibición total del uso de escopetas de pelotas de goma por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

MOCIÓN

La moción es consecuencia de la interpelación urgente de IU al ministro del Interior sobre la criminalización de la protesta social y las reformas legales que restringen los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos.

El texto recoge diez puntos, además de la petición de dimisión del ministro del Interior y la prohibición total de las escopetas de pelotas de goma.

Así, pide la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y eliminar de la actual reforma en marcha del Código Penal «la nueva regulación que criminaliza la protesta social y restringe los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos».

Mediante esta moción, IU quiere que el Congreso inste al Gobierno a «paralizar los expedientes sancionadores iniciados contra ciudadanos supuestamente relacionados con las movilizaciones ciudadanas, bien participando en las mismas de forma pacífica o, en algunos casos, sin ni siquiera participar en las mismas».

Además, pretende que el Gobierno ponga fin a «la práctica de elaborar ‘listas o ficheros’ de personas participantes en las manifestaciones, concentraciones o acciones de protesta contra las políticas del Gobierno».

IU aboga por elaborar un protocolo «específico» para regular las intervenciones policiales en las protestas sociales, con el fin de garantizar «con mayor amplitud los derechos de manifestación, reunión y libertad de expresión».

Además, quiere que se adopten las medidas necesarias para que los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado tengan la obligación de estar identificados «de forma constante», «clara y visible». Asimismo, propone que tengan la obligación de identificarse «cuando así lo soliciten los ciudadanos con respecto a la actuación policial».

El Grupo Parlamentario liderado por Cayo Lara propone que el Gobierno evite que las «identificaciones policiales y cacheos» en las protestas ciudadanas se realizan «con fines intimidatorios».

Otra de las medidas que plantea La Izquierda Plural es que la negativa de un agente a identificarse sea considerada una falta en el Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. IU reclama «las medidas necesarias para la regulación e instalación de videocámaras en todas las dependencias policiales para la grabación en video y audio» de sus actuaciones.

Que se graben también las intervenciones policiales en los dispositivos desplegados para las movilizaciones sociales o actos de protesta ciudadana es otra de las propuestas que hace La Izquierda Plural en su moción.

Asimismo, IU apuesta por crear un procedimiento de investigación sistemático sobre las «posibles extralimitaciones» en las actuaciones policiales, tanto por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como de las delegaciones del Gobierno, para, en su caso, exigir las responsabilidades que procedan.

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