La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha acordado crear un Observatorio Judicial contra la Corrupción, formado por jueces, fiscales y otros expertos en la materia, que tendrá como principales cometidos recopilar información sobre las causas abiertas por este tipo de delitos, analizar los datos, emitir informes periódicos, identificar los ataques contra la independencia de los tribunales y activar mecanismos de respuesta.

La organización judicial ha planteado esta medida ante la «gravedad» de la situación actual, la falta de medidas por parte del Gobierno y otras instituciones, la insuficiencia de recursos y el sometimiento de muchos jueces a «todo tipo de presiones». «La acometida contra la independencia judicial se está haciendo de modo directo, abrupto y sin subterfugios», ha alertado.

Entre los problemas y contradicciones del sistema judicial, JpD ha citado la insuficiencia de medios de investigación, persecución y enjuiciamiento, la falta de policía judicial y de expertos en contabilidad y finanzas, la complejidad de los delitos económicos, la capacidad «obstaculizadora» de las defensas de muchos «privilegiados» o la insuficiente preparación técnica de las estructuras judiciales acostumbradas a operar con ilícitos menos complejos o con un menor número de macroprocesos.

UNA REFERENCIA PARA TENER UNA PERSPECTIVA GLOBAL

«Esta situación está incrementando el enfrentamiento de los tribunales con los otros poderes públicos y con los poderes corruptores», ha advertido la asociación de jueces y magistrados, para resaltar que el nivel de la investigación de los delitos contra la corrupción «están agravando la crisis de la política de partido y del sistema de representación, lo que hace previsible el intento de politización de los procesos penales».

Por ello, JpD considera necesario un Observatorio que sirva como elemento de referencia para ofrecer una perspectiva global en la lucha contra esta forma de delincuencia y compartir información para defender con más recursos el sistema democrático y el interés general.

A su entender, la corrupción supone una «gravísima» ruptura de las reglas del juego democrático al apoderarse una minoría de los recursos públicos para enriquecerse y, en ocasiones, para que unas fuerzas políticas obtengan una «ventaja ilegítima» en perjuicio de otras. «Además, provoca el descrédito de las instituciones y la desconfianza de la ciudadanía hacia la vida pública», ha añadido.

Por último, la asociación ha recordado que que la corrupción no es un fenómeno puntual, sino que tiene carácter sistémico como demuestra el hecho de que las prácticas políticas delictivas estén «plenamente» instaladas en el sistema, a lo largo de todo el territorio, en todos los niveles institucionales y en «gran parte» de las formaciones políticas.

EUROPA PRESS