El empresario Julio Martínez Martínez, socio de José Luis Rodríguez Zapatero, ha trasladado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Plus Ultra’ que el expresidente «marcaba los pasos a seguir» y ha admitido una comisión del 1% por intermediar en el rescate concedido por el Gobierno a la aerolínea en pandemia.

Así lo ha hecho en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, presentado este lunes, un día antes de su declaración como imputado.

La defensa de Martínez Martínez sostiene que él «no tenía posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo, mucho menos financiación pública o privada», sino que «su misión consistía en intermediar entre cliente y consultor».

«En su faceta de consultor, era el señor Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir» y «sugirió» a directivos de Plus Ultra que «enviaran una carta, de su parte, al vicepresidente del Banco de Santander, señor (Juan Manuel) Cendoya, para la concesión de un crédito ICO». «También, según le dijo Roberto Roselli», actual CEO de la compañía y también investigado, «solicitaron financiación a la entidad La Caixa» y «ninguna de esas vías dio resultado», apostilla.

Su labor «consistió fundamentalmente en el acompañamiento del cliente para la obtención de la financiación solicitada» y «de todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero», que el 26 de febrero de 2021 «comunicó» a que «la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra», expresa.

«En cuanto al cobro de los honorarios pactados, por la presión mediática que en aquel momento existía sobre la financiación pública concedida a la aerolínea, se decidió diferir el pago a lo largo del tiempo, hasta el año 2026, y que parte de esas cantidades se facturaran a través de otras empresas relacionadas» con él, agrega.

La defensa del empresario resalta que «la cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió, aproximadamente, al 1% de la cantidad obtenida conforme a lo acordado».

El empresario se refiere también a los 286.000 euros que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, intervino en su casa del centro de Madrid, que estaban escondidos en bolsas de deporte, muebles y neceseres.

A este respecto, asegura que «se trata de dinero obtenido por la venta de activos inmobiliarios no relacionados con los hechos objeto de este procedimiento», afirma en el escrito.