Junts asegura haber acordado con el PSOE su abstención en los decretos del Gobierno a cambio de la supresión del artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que a su juicio ponía en peligro la amnistía.

El partido que lidera Carles Puigdemont había anunciado su voto en contra de los tres decretos del Gobierno de coalición, pero sus diputados no llegaron a participar en la votación, lo que ha permitido que salieran adelante las medidas sobre Justicia y Función Pública que habían cuestionado. Y mientras se esperaba a la repetición de las votaciones que habían acabado en empate, Junts ha anunciado ese acuerdo con el PSOE para abstenerse.

Según han explicado desde la formación independentista, el acuerdo incluye también la promesa de reformar la ley de sociedades de capital para revertir el real decreto del PP en 2017 con el fin de facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña por el ‘procés’. Un pacto que llega después de que desde la formación catalana contemplase esta misma semana la posibilidad de «sancionar» a aquellas empresas que no volviesen.

IVA CERO PARA EL ACEITE

Asimismo, asegura tener el compromiso del Gobierno para la delegación integral de las competencias de inmigración en la Generalitat, la publicación inmediata de las balanzas fiscales y que el aceite pase a ser alimento esencial con un IVA del 0%.

En concreto, la delegación integral de las competencias de inmigración según explican, se produciría mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española a través de una ley orgánica específica por Cataluña.

UNA LEY ESPECIAL PARA TRASPASAR LA POLÍTICA MIGRATORIA

Una delegación que según Junts irá acompañada de los recursos necesarios y permitirá a Cataluña hacer una política integral, para que sea Parlamento catalán quienes determinen una política propia.

Desde la formación independentista aseguran que el pacto alcanzado con el PSOE incluye también quintuplicar el dinero previsto para la digitalización de la administración de justicia en Cataluña, que pasaría de 1,2 millones de euros a 6,2 millones.

Además, el Estado asumirá la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público y reconocen también los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local.