El Ministerio de Justicia trabaja en un una ley de eficiencia procesal que, entre otras cuestiones, aborda las costas y las cuantías que abogados especializados en reclamaciones a entidades financieras aplican a sus clientes, tal y como ya ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La crisis financiera de 2008, las ayudas públicas inyectadas a diversas entidades y el proceso de reestructuración del sector, que supuso la desaparición de muchas de ellas, llevó a una oleada de reclamaciones de particulares por comercialización de preferentes y otros productos financieros complejos.