De esta manera, la mayoría de ministerios quedan con el trabajo a medio hacer, con importantes asuntos que deberán abordar quienes lleguen a los distintos departamentos. La ausencia de un plan de gobierno por parte del futuro Presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dificulta saber en cuáles de estos puntos se seguirá avanzando.

ASUNTOS PENDIENTES QUE QUEDAN «EN EL AIRE»

1.- Renta Complementaria por Desempleo e «impuesto digital» para financiar las pensiones

En el ámbito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el antiguo Gobierno se encontraba negociando con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas la nueva Renta Complementaria de Desempleo (RED) de 430 euros mensuales, como solución al fin de la vigencia de los programas temporales destinados a los parados de larga duración.

Aunque esta negociación quedara paralizada, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) está incluido un subsidio extraordinario por desempleo de la misma cuantía que estará vigente mientras se acuerda una solución a los programas temporales para parados.

Asimismo, Empleo trabajaba junto con las organizaciones empresariales y sindicales en medidas, entre otras, para reducir la brecha salarial de género y hacer que la igualdad entre hombres y mujeres sea efectiva en las empresas con auditorías salariales.

Por otra parte, el Pacto de Toledo continuaría con los trabajos para renovar las recomendaciones, pero si se convocan elecciones se disolverían las Cortes Generales y con ellas esta comisión parlamentaria.

En el caso del Ministerio de Hacienda y Función Pública el cambio de Gobierno podría dejar en el aire, al margen de lo que ocurra con los PGE de 2018, varias iniciativas que habían sido anunciadas por el Gobierno. Este es el caso de la implantación de un nuevo impuesto a las empresas digitales con el que se esperaba recaudar parte del dinero que, según el Ejecutivo de Mariano Rajoy, iba a financiar la subida de pensiones recogida en los PGE.

2.- Privatización total de Bankia

Mantener o alterar los plazos del proceso de privatización de Bankia es otro tema que queda en el aire. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) tiene de plazo hasta finales de 2019 para completar la venta de la entidad nacionalizada, de la que el Estado controla más del 60%.

En todo caso, cabe la posibilidad de que con la aprobación de un real decreto se amplíe el mismo, como ya ocurrió en una ocasión anterior.

3.- Rescate de las autopistas

Por su parte, entre las grandes medidas pendientes del Ministerio de Fomento destaca la relicitación de las autopistas quebradas que el departamento dirigido por Íñigo de la Serna pretendía llevar a cabo antes de que concluya este año para reducir su impacto en el déficit público, puesto que su previsión era recaudar entre 700 y 1.000 millones de euros.

También debía decidir antes de que finalice este ejercicio qué hacer con las autopistas de las que vence su concesión, como la AP-1 entre Burgos y Armiñón. A este respecto, el PSOE aboga por que no sean licitadas de nuevo y pasen a ser gratuitas.

4.- Creación de autoridades de seguros, planes de pensiones y protección al ahorrista

Además, se querían poner en marcha sendas autoridades independientes de seguros y planes de pensiones, así como de protección al ahorrista, y que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) se integrara en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por otra parte, Economía deja en el cajón la revisión de los instrumentos de apoyo financiero del sector público, entre los que se encuentra el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

5.- Ley de Transición Energética y Cambio Climático y la regulación del cierre de centrales eléctricas

En el cajón del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha quedado la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático, así como el Plan Nacional de Descarbonización, normativas que Álvaro Nadal no aprobaba ante la indefinición de la Comisión Europea.

Además, está pendiente de su tramitación en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley impulsado por el Ministerio para regular el cierre de centrales de producción eléctrica por motivos económicos o medioambientales y no solo atendiendo a la seguridad de suministro.

6.- División de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos entes separados

En el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano dejará su propuesta de reforma de los órganos reguladores y supervisores, que, por ejemplo, iba a dividir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La idea de Escolano, que recogía la iniciativa de su antecesor en el cargo Luis de Guindos, era dividir la actual CNMC, creándose una nueva autoridad independiente de competencia y otra de supervisión y regulación de los mercados.

7.- Tráfico de vehículos y Seguridad Vial

La DGT había enviado hace pocas semanas al Ministerio del Interior un borrador de reforma del anteproyecto de Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial con el deseo de que fuera aprobado por el Consejo de Ministros este verano y el Parlamento diera luz verde al texto durante la legislatura ya finalizada.

Algunas de las novedades incluidas en la reforma son la reducción del límite de velocidad de 100 a 90 km/h en algunos tramos de carreteras convencionales (es decir, de un único carril por sentido), sanciones más duras para quienes conduzcan hablando por el teléfono móvil sin ningún dispositivo de manos libres, una tasa de alcohol más baja para los conductores profesionales y quitar puntos en el carné a los conductores que incumplan las restricciones medioambientales que impongan los ayuntamientos en episodios de alta contaminación, como ya hacen Madrid y Barcelona.

8.- Financiación autonómica

Otro punto relevante que podría verse afectado por el cambio de Gobierno es la reforma de la financiación autonómica, un compromiso adquirido por la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada en enero de 2017. Tras más de un año de trabajo de los grupos de expertos, Rajoy había indicado en varias ocasiones en el último mes su intención de convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera a finales de mayo o principios de junio para avanzar en esta materia, algo que podría pararse con el escenario actual.