Sólo ocho Comunidades se ajustarán a los objetivos de estabilidad en 2016

Mano dura y rigor con las Comunidades Autónomas que pongan en riesgo el compromiso de estabilidad presupuestaria que España ha adquirido con Bruselas. Esa es una de la recomendaciones que se recogen en el informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ayer por la mañana hacía público el informe sobre las Líneas fundamentales de los Presupuestos de 2016 de las Comunidades Autónomas.

Así desde la AIReF no dudan en instar al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro a «activar las medidas preventivas no automáticas que contempla la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) con las Comunidades Autónomas (CCAA) de Extremadura, Cataluña, Región de Murcia y Comunitat Valenciana».

Precisamente son estas en las cuatro autonomías en las que la máxima autoridad fiscal aprecia “un riesgo claro de incumplimiento” del objetivo de estabilidad para 2016. A las tensiones de liquidez a corto plazo que podrían derivarse de la retirada de la financiación de Estado -Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y Fondos de Facilidad Financiera (FFF)- y a la baja calificación crediticia se añade, en el caso de Cataluña, la incertidumbre política auspiciada por la ‘locura independentista’ de Artur Mas, y que «hace más plausible la materialización de los escenarios en los que su deuda se torna insostenible».

Así, según se extrae de las previsiones del informe Cataluña y Murcia cerrarán 2016 con un déficit de entre el -1,6 y -1,2 por ciento; la Generalitat Valenciana de entre el -1,5 y -1,3 por ciento; y Extremadura de entre el -1,5 y -1,0 por ciento. Además, tampoco cumplirán con la regla de gasto, que en 2016 pasa a ser vinculante e implica que el déficit se sitúe por debajo del 0,3 por ciento del objetivo de estabilidad.

Efecto arrastre

Con respecto al resto de Comunidades Autónomas sólo ocho se encuentran en el grupo de «probable cumplimiento»: Andalucía, Principado de Asturias, Canarias, Castilla y León, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja. No obstante de incumplirse la regla de gasto en Castilla y León y Galicia y en Andalucía (región sobre la alerta específicamente la AIReF) se pondría en peligro la estabilidad presupuestaria.

Madrid, Castilla La Mancha, Baleares y Cantabria están dentro de las calificadas de «riesgo moderado». Por su parte, Aragón queda pendiente ya que todavía no se ha presentado el proyecto definitivo de Presupuestos para 2016.

Con este panorama los expertos y analistas de la AIReF consideran que el conjunto de las Comunidades Autónomas cerrarán el año próximo con un déficit de entre el -0,9 y -0,6 por ciento, es decir, entre tres y seis décimas por encima de los objetivos del -0,3 por ciento sobre PIB establecidos por el Gobierno.

Desviación que se debe en parte al efecto arrastre provocado por el incumplimiento con el que apuntan cerrarán las autonomías y que será de entre el -1,6 y el -1,5 por ciento frente al -0,7 comprometido para este ejercicio. En este punto cabe destacar que las previsiones incorporan tanto las revisiones de cierre de 2014 y las realizadas en meses recientes por algunas autonomías como la variación interanual del gasto primario y las inversiones sin computar de años anteriores realizadas por Cataluña, que suponen un 0,6 por ciento de su PIB y un 0,1 por ciento del PIB del Estado.

Ajuste del gasto público

De hacer caso a las recomendaciones de la AIReF y aplicarse «el brazo preventivo» de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, las Administraciones Públicas deberán hacer un ajuste del gasto público para garantizar el cumplimiento del objetivo a cierre del ejercicio.  Además se verán obligadas a realizar un seguimiento del riesgo y coste asumido en la concesión de los avales y garantías que concedan para apuntalar las operaciones crediticias tanto públicas como privadas.

Por otra parte y si el volumen de deuda pública supera el 95 por ciento de los límites establecidos para cada Administración Pública, éstas sólo podrán endeudarse en operaciones de tesorería.

El sistema de bienestar (Seguridad Social) será garantizado mediante normas con «rango de Ley» y se supervisarán los mecanismos de revalorización de las pensiones.

A ello se añade el exhaustivo control de los periodos medio de pago a proveedores, que en caso de incumplimiento podría derivar en retenciones de las transferencias por su participación en los tributos del Estado y que irían destinadas al pago directo a proveedores.

En este sentido cabe destacar que, según la LOEPSF, Hacienda dispone de potestad para aplicar, «de forma automática», las medidas preventivas si el incumplimiento de los objetivos de déficit ponen en riesgo los objetivos fijados para el conjunto del Estado.

Pero además de la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria otro de los puntos a mejorar, para la AIReF, será el del marco institucional que requiere del diseño de un sistema por el que se establezcan los objetivos de deuda, la regulación de la regla de gasto para su aplicación completa, permitir la planificación plurianual de los presupuestos y evaluar las reglas fiscales en un marco de transparencia.