El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, compareció este miércoles en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, a petición del PSOE, para informar sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública en 2016, así como para ofrecer su valoración sobre el panorama de las finanzas públicas en los próximos años.
Durante su intervención, el presidente de la Airef señaló que ve “muy difícil” que España logre cumplir con el objetivo de déficit de 2018, fijado en el 2,2% para el conjunto de las administraciones. En concreto, afirmó que “en España ha habido un objetivo demasiado exigente”, recordando que se cumplió en 2013 y 2014, pero que se dejó de cumplir en el 2015 y por ello se cambió la senda de sostenibilidad, de forma que volvió a cumplirse en 2016 y 2017. “Veremos qué pasa en el 2018 pero la sensación es que va a estar muy difícil”, afirmó sobre el presente ejercicio.
Por ello, Escrivá advirtió que el incumplimiento de los objetivos de estabilidad “tiende a erosionar la credibilidad sobre las reglas fiscales”, por lo que subrayó que “es importante que los objetivos sean realistas y alcanzables”.
PROGRAMA DE ESTABILIDAD
Sobre este punto, el presidente de la Airef aseguró que “hay que repensar el programa de estabilidad”, al considerar que “no es el mejor instrumento de planificación a medio plazo”. En este sentido, explicó que a él, y también a la Comisión Europea, les gusta el modelo holandés, “en el que lo que marca el medio plazo son las legislaturas, con un gobierno estable que se marca objetivos para la legislatura”. En la misma línea, Escrivá aseguró que con el último programa de estabilidad, a la Airef le parece “difícil” que se alcance el objetivo de equilibrio presupuestario en 2021 si no se introducen nuevas medidas en 2020 y 2021. Por ello, afirmó que resulta muy ambicioso pretender llegar a la estabilidad presupuestaria si esta no se sustenta en medidas de aquí a 2021”.
REGLA DE GASTO
En cuanto a la regla de gasto, el presidente de la autoridad fiscal recomendó modificar la legislación española para que cuando se realiza una reforma fiscal que conlleva una reducción de los ingresos se pueda realizar el ajuste del gasto en un periodo más largo de tiempo. En este sentido, explicó que actualmente cuando se bajan los impuestos hay que bajar el gasto para compensarlo en un solo año, lo que en su opinión “puede suponer un sobreesfuerzo”. Así, puso como ejemplo la legislación alemana y de otros países que permiten hacer el ajuste en hasta cinco años.
Además, Escrivá advirtió del “cuidado” que España debería tener con la regla de gasto en los próximos años, al recordar que cuando salga del procedimiento de déficit excesivo (teóricamente en 2018, si el déficit público cierra por debajo del 3%) se aplicará la regla de gasto europea en lugar de la española.
PENSIONES
Escrivá abogó por evitar decisiones “legítimas” pero con “horizontes de corto plazo” a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, en su lugar, llegar a acuerdos más “plurianuales”. En concreto, afirmó que le parece “urgente” que las decisiones sobre pensiones se tomen “en un horizonte a medio plazo y en un marco estable en el Pacto de Toledo”. Con todo, opina que el aplazamiento hasta 2023 de la introducción del factor de sostenibilidad de las pensiones, previsto inicialmente para 2019 y retrasado por un pacto entre el PP y el PNV a través de una enmienda a los PGE, tendrá un impacto “muy pequeño”.
En cuanto a la fijación de objetivos tanto en la regla de gasto como en el déficit, Escrivá recomendó que se haga más explícita la metodología empleada, al considerar que “la técnica de fijación de objetivos adolece de una concreción sobre su metodología”. Además, indicó que “a veces se plantean esfuerzos excesivos que terminan en incumplimientos”.
REAJUSTE DE COMPETENCIAS
Por otra parte, preguntado por la situación presupuestaria de los ayuntamientos, el presidente de la Airef explicó que “son muchos y hay situaciones muy diversas” pero que, en general, “lo que uno percibe es que en comparación con las comunidades autónomas están mejor financiados”.
En este sentido, explicó que las corporaciones locales tienen una presión de gasto mucho menor y que sus competencias están limitadas, por lo que la mayoría “terminan ejecutando un gasto por debajo de la regla de gasto”. Por ello, puso como ejemplo a los países nórdicos y centroeuropeos para señalar que podría ser recomendable que los ayuntamientos asuman competencias en dependencia, asistencia social o rentas mínimas.
“Lo que a mí me sale que tiene sentido es aumentar las competencias de los ayuntamientos en ámbitos donde la proximidad es una gran ventaja”, agregó, por lo que recomendó un “reajuste de competencias”.
Además, afirmó que los ayuntamientos “van a terminar este año con más de 30.000 millones de euros en los bancos, ya van por más de 25.000 millones”, que “casi no tienen deuda en su conjunto” y que tienen potencial para ingresar más, ya que “la recaudación del IBI está al 50% de su capacidad recaudatoria”.
DEUDA
Por último, Escrivá se refirió al nivel de deuda pública como el elemento a tener en cuenta en el largo plazo, siendo su reducción “realmente el objetivo a largo plazo”. De esta forma, el presidente de la Airef señaló que si “todas las administraciones cumplieran estrictamente” cada año con los objetivos de estabilidad, esto conduciría a que la deuda se situase en el objetivo del 60% en 2035.
Sin embargo, explicó que la Airef baraja previsiones “más probables” y que, sin medidas nuevas, si hubiera un crecimiento nominal de la economía española del 2% cada año, la deuda “tendería a estabilizarse en torno al 85% del PIB en el medio plazo”. “Esto nos parece un escenario vulnerable”, agregó al respecto.
Por subsectores, Escrivá señaló que hay “una fotografía muy dispar”, para acto seguido explicar que, si se cumplieran cada año los objetivos fiscales, la Seguridad Social y la Administración central lograrían cumplir el objetivo de deuda en torno al 2035, mientras que los ayuntamientos “ya están en el objetivo”. En cuanto a las comunidades autónomas, especificó que la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia no lo lograrían hasta “muy, muy largo plazo”, por lo que tienen “un problema de sostenibilidad más claro”.
