Así se pronunció la asociación en un comunicado emitido después de que el Ministerio de Consumo haya anunciado que prepara una ley para prohibir cualquier número de tarificación adicional en los servicios de atención al cliente, los conocidos 902, como medida de “justicia social” para poner fin a un “abuso generalizado” y “agravado” en el contexto de la pandemia al entender que los servicios de atención al cliente “no pueden ser un coste para el bolsillo de consumidores y un negocio para unas pocas empresas”.

AUC precisó que, de acuerdo con el Plan Nacional de Numeración Telefónica (PNNT), frente a lo que ocurre con los números 900 y 800, que son gratuitos para el llamante, o con los 901, de coste compartido entre llamante y llamado, el coste de llamada a un 902 es abonado “íntegramente por el usuario llamante a su compañía telefónica”.

Asimismo, puntualizó que los precios minoristas de las llamadas a la numeración 902 no están regulados y que, aunque la normativa y la jurisprudencia comunitarias y nacionales señalan que su uso no podrá suponer para el usuario un coste superior a la tarifa básica o coste ordinario de una llamada, “lo cierto es que cada operador puede fijar el precio que considere oportuno”.

“Ello implica que el pago por llamar a un 902 puede llegar a resultar muy oneroso para los consumidores, especialmente si se llama desde un móvil, cuya tarifa multiplica la de una llamada interprovincial desde un fijo”, sentenció, al tiempo que lamentó que los 902 han sido también objeto de “polémica” al generar “malas prácticas” por parte de algunas de las empresas que los utilizan.

La AUC hizo hincapié en que los 902 se encuadran en el ámbito de los denominados números de tarifas especiales o “inteligentes”, que se caracterizan porque el usuario llamante afronta unas cargas mayores o menores que el coste real de los medios de telecomunicaciones empleados por los operadores para transmitir las llamadas.