La asociación asegura en un comunicado que ve ineludible recurrir el pronunciamiento del juez Andreu, porque «excluye de su análisis la manera en que las entidades comercializaron estos productos”, y «fundamenta su decisión en que las preferentes no fueron emitidas para un engaño global y en una supuesta falta de acreditación de que hubiera instrucciones para la venta engañosa del producto».

Para Adicae, «resulta evidente y comprobado en un procedimiento judicial colectivo el hecho de que existía una premeditación de la caja a la hora de lanzar al mercado las preferentes, destinando las mismas a aquellos consumidores ya clientes de forma engañosa, con el ánimo de obtener un reforzamiento de la solvencia de la entidad a costa de los ahorros de los consumidores y a sabiendas de que se trataba de productos en ninguna forma adecuados para un perfil de clientes como al que se colocaban».

En todo caso, añade el comunicado, «este auto es un nuevo ejemplo de la impunidad imperante en relación a las actuaciones de múltiples cajas de ahorros y sus dirigentes, tras haber defraudado miles de millones del ahorro de los consumidores para tratar de lograr una primera recapitalización y saneamiento de las entidades tras una gestión caracterizada por la corrupción y la mala gestión».

Para Adicae, aunque la Audiencia Nacional justifique su decisión en que no se ha demostrado que Caja Madrid colocase las preferentes “a sabiendas de que no iban a recuperar su inversión” (los clientes), «la realidad es que se valió de un engaño general, orquestado incluso a través de ‘guías internas de venta’ distribuidas a la red comercial, que perseguía obtener fondos para su capitalización a costa de trasladar mediante falsedades los riesgos de la operación a su clientela, eligiendo de entre la misma aquella menos adecuada a las características de las participaciones preferentes y para quienes este producto revestía por tanto un auténtico carácter ‘tóxico'».