En una entrevista con Servimedia, González auguró que «habrá entidades que prefieran sacrificar su volumen y tratar de resarcirse de esta subida de costes en un periodo más pequeño y otras que piensan que es una oportunidad para crecer en volumen y tomar posiciones», incluso mejorando la oferta.

«No vayamos buscando actitudes colectivas ni comportamientos del sistema. Cado uno hará lo que, desde el punto de vista de sus cuentas y estrategias, considera que es lo más importante. Ahora, ¿que las condiciones son como para que se lo piensen? Desde luego. Pero es lo mismo que cuando sube el queroseno en una entidad aérea; pues habrá que pensar si mantienes la tarifa o no. Luego el mercado manda», dijo.

En su organización estiman en una horquilla entre 2.500 y 3.000 euros el coste añadido para una hipoteca media de 125.000 euros a 25 años por el conjunto de gastos que deberá soportar la banca con la nueva ley, incluído el polémico impuesto de actos jurídicos documentados y que no es su mayor foco de preocupación.

Indicó que la banca lo asumirá como dicta la ley y que pretender, con las demandas interpuestas en el Tribunal de Europa, que «aparezca el banco 25 años después para pagar la ronda» es «un encaje de bolillos bastante complejo» al que no le da opciones de prosperar porque la propia ley imputaba antes su abono al cliente.

González alertó de la «debilitación evidente de la garantía en los procesos de ejecución» como el mayor riesgo. «Hemos pasado del sumario hipotecario a la inestabilidad hipotecaria que tenemos ahora. Si en un préstamo a 30-40 años debilitas la garantía desde el punto de vista jurídico, pues cuando la garantía es peor, el precio tiene que ser mayor o no se hace», refirió.

A su juicio, se ha originado «demasida controversia» con condiciones contractuales en operaciones que llevaban contratadas 10, 15 o 20 años y «es lo que ha generado una gran inestabilidad del mercado». González confió en que las futuras reglas asienten los conceptos para todos, banca, ciudadanos y jueces, y se acabe con esa permanente reintepretación para dejar de penalizar las garantías del préstamo y sacar a la industria de la permanente «sospecha».

RIESGO DE INCENTIVAR MOROSIDADES

En la misma línea, lamentó que «nos hemos fijado tanto en los ciudadanos, en trasladarles que tenemos un estado protector que no nos hemos dado cuenta de que estamos debilitando el mercado hipotecario». «Hay que hacer compatible que hay un derecho en la vivienda reconocido en la Constitución, pero también un derecho a la propiedad privada, hay un derecho a que las entidades cobren sus crédito y a que las garantías se ejerciten (cuando hay impagos)», añadió.

En este punto, avisó de que la nueva formulación para activar embargos es susceptible de provocar «una morosidad de tipo especulativo o morosidad estratética». La nueva ley sustituirá la anterior norma que obligaba a esperar tres cuotas hipotecarias desatendidas para iniciar el proceso ejecutivo de la vivienda, por un nuevo sistema donde se espera a 12 impagos o a que, al menos, la deuda morosa sea igual al 3% del capital recibido en préstamo.

Esa regla rige para la primera mitad de vida del préstamo y será de 15 meses o un 7% si la morosidad se declara en la segunda parte de vida de la financiación. «Si no pago la hipoteca y me amparo en una ley que dice que las entidades no pueden ejecutar las hipotecas y hasta me quedo en mi propia casa, ante la eventualidad de bajada del precio de la vivienda, ¡claro que se genera una actitud pícara, o estratégica de morosidad. Si protejo al impago puedo estar generando morosidad inducida», advirtió.

En la entrevista, el directivo repudió las críticas de irresponsabilidad en la concesión de hipotecas a familias que no podían pagarlos echando mano de números.

Según González, hay un dato que hasta las autoridades «deberían tener gravado a fuego» y es que, pese a que la crisis disparó al 27% el paro y «se ha llevado por delante a centenares de miles de negocios, la morosidad para compra de vivienda en España fue del 6% máximo en 2014».

«Si las cosas no se hubieran hecho con rigor, si la asignación del crédito no hubiera tenido una fortaleza crediticia razonable, sería poco entendible que hayamos tenido esos porcentajes de morosidad», reinvidicó.

En este sentido lamentó que, para garantizar que el ciudadano se entera bien de lo que firma, el proceso se vaya a complicar tanto, con una entrega de documentación y procesos de asesoramiento con notarios que harán más pesadas las contrataciones.

Según González, esperar que para contratar una hipoteca «se tenga que leer una enciclopedia» no garantiza un mayor conocimiento, máxime cuando hay aspectos «complejísimos», y lo criticó cuando el propio trámite ya exige la intervención de dos fedatarios públicos -notario y registrador- para velar por la protección del ciudadano.

«Porque estemos 17 años estudiando un crédito hipotecario no vamos a hacer mejor una operación. Si no es buena es porque ha funcionado mal el Estado, los organismos, los notarios, los bancos, los clientes… Tienen que fallar muchas cosas», argumentó.

La solución pasa, en su opinión, porque «funcionen» las instituciones y si un banco no cumple con la ley «que le pongan una multa o le quiten la licencia. Y el ciudadano también tiene que ser responsable y tendrá que leer y donde se entere utilizar a un asesor».