A su juicio, el texto presentado ayer por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, no aclara qué tiene que hacer la familia de una persona desaparecida para dirigirse al Estado y obtener la reparación a la que tiene derecho.

“La comunicación del Gobierno ha sido algo confusa porque han dicho que quizá lo hagan los ayuntamientos, las comunidades autónomas o la Fiscalía, que se anuncia para investigar los crímenes de la guerra y el franquismo o las asociaciones”, añadió Silva.

Además, señaló que la ARMH -que no optará a las subvenciones para exhumaciones anunciadas por el Gobierno- rechaza el modelo con el cual se pretenden subvencionar las exhumaciones y recordó el informe sobre España del relator de la ONU para la Verdad, la Justicia y la Reparación, Pablo de Greiff, en el que destaca que «el modelo vigente de privatización de las exhumaciones, que delega esta responsabilidad en las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las instituciones estatales y conlleva dificultades metodológicas, de homologación y oficialización de la verdad».

Silva insistió en la necesidad de que el Estado atienda directamente a los familiares porque es la institución la que puede darles la condición oficial de víctimas y no las asociaciones que con toda su buena voluntad llevan años ayudándolas.

“Esperamos que en el proceso parlamentario se aclaren los procedimientos de la ley y se pongan a disposición de las familias los servicios de atención a la ciudadanía que existen en todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de España”, dijo Silva, quien añadió que “el Ejecutivo podría empezar mañana mismo a atenderlas, podría poner a disposición las familias a los forenses del Estado, los laboratorios públicos de ADN, los departamentos de universidades públicas o los archivos con información sobre la represión”.

Con respecto a la Fiscalía que pretende crear el Gobierno para investigaciones de la Guerra Civil y de la dictadura, según Silva, el texto no aclara suficientemente cuáles serán sus competencias penales y si se creará un marco jurídico para que la Ley de Amnistía no sea un impedimento para las investigaciones.

Asimismo, mostró su preocupación por si a esa Fiscalía llegan casos que ya formaron parte de la Causa General, ordenada por las autoridades franquistas, que conllevó la simulación de miles de juicios militares y el asesinato por fusilamiento de más de 55.000 opositores al golpe de Estado del 18 de julio de 1936.

Por otra parte, señaló, la ARMH tampoco comprende la propuesta de fechas conmemorativas del Gobierno y las considera “fallidas” y añadió que “pretende celebrar el 8 de mayo como Día del Exilio, cuando lo que el 8 de mayo de 1945 ha significado para cientos de miles de exiliados republicanos españoles, más allá de su desahogo por la derrota del nazismo, es que les quedaban 30 años más de exilio y por lo tanto no entendemos celebrar esa fecha. Por eso hemos propuesto la fecha del 22 de febrero, día de la muerte del poeta Antonio Machado que representa el drama de los cientos de miles de personas forzados a abandonar su tierra y todo lo que perdió nuestra sociedad con su partida”.

“Tampoco entendemos que se quiera conmemorar el 31 de octubre como día de las víctimas del franquismo. Argumenta el Gobierno que ese día de 1978 las dos Cámaras enviaron a referéndum el texto de la Constitución, un texto que no condenaba la dictadura, que no citaba a las víctimas ni a quienes lucharon contra ella, elaborado por unas Cámaras cuyos plenos no han sido capaces de condenar la dictadura 45 años después de muerto el dictador”, manifestó.

De ese modo, indicó que la ARMH ha propuesto al Gobierno por registro oficial la fecha del 12 de diciembre para conmemorar a las víctimas de la dictadura, porque fue el día de 1946 en el que la Asamblea General de la ONU «condenó duramente al fascismo español, definiendo la dictadura franquista como un régimen despreciable al que la sociedad internacional debía combatir».

“La memoria se debe hacer con la narración de las víctimas y también de los verdugos” explicó Silva, quien afirmó que “hay que mirar lo que hicieron los fascistas españoles, incluyendo los sectores más reaccionarios de la Iglesia católica y los empresarios sin escrúpulos; por eso el término memoria democrática nos plantea algunas dudas”.

Por último, dijo que esta asociación prepara en estos momentos una versión comentada del texto del anteproyecto de ley, que espera enviar a todos los grupos con representación parlamentaria, a la vicepresidenta del Gobierno, a la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática, al Defensor del Pueblo y a los organismos internacionales que han participado en este proceso, además de al Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria, al relator especial para la Verdad, la Justicia y la Reparación, ambos de la ONU, y a otros organismos que han exigido al Estado español la garantía de derechos para las víctimas de la dictadura y la derogación de la Ley de Amnistía.