La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de 14 directivos de la sociedad filatélica Afinsa, que dictó el juez Santiago Pedraz en julio de 2013, a pesar de constatar «la endeblez de algunos indicios» en que se sustenta la imputación de algunos recurrentes. En un auto hecho público este jueves, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal señala que, aunque la «depuración última» de responsabilidades se producirá durante el juicio oral, el desarrollo histórico llevado a cabo por el juez instructor para «exteriorizar la presunta actividad comisiva» de los procesados es «totalmente adecuado y cabal».
Los magistrados Guillermo Ruiz Polanco (ponente), Ángeles Barreiro y Antonio Díaz Delgado rechazan los recursos de apelación contra el auto de procesamiento presentado por once de los recurrentes, al considerar que no han aportado «contraindicios de enjundia bastante» que apunten a «un error de apreciación por parte del instructor».
A su juicio, «en las resoluciones recurridas se da una explicación lógica y ajena a cualquier capricho irrazonable sobre la posible participación de los recurrentes en los hechos objeto de autos, a través de conductas de índole diversa que pudieran enmarcarse en la esfera de los delitos imputados».
Pedraz señalaba en su auto de procesamiento que la labor de Afinsa pudo ocasionar un perjuicio económico cuantificado en 1.928 millones de euros a través de la puesta en marcha de un negocio «ruinoso» e «inviable» creado mediante «una operativa piramidal». La compañía contaba en abril de 2006, momento en que se presentó la querella en su contra, con 190.022 clientes, y se encontraba «en una situación de absoluta insolvencia, conocida por los responsables, que, además, se esforzaron en ocultarlo para mantener la continuidad y el fraudulento negocio».
Los procesados son el expresidente de Afinsa Juan Antonio Cano Cuevas y los directivos Albertino de Figueiredo Nascimento, Carlos de Figueiredo Escribá, Vicente Martín Peña, Emilio Ballester, Francisco Guijarro, Joaquín José Abajo, Francisco Blázquez, Ramón Egurbide, Esteban Pérez, Gregory Manning, Ramón Soler Antich, Juan Domingo Brualla y Jordi Domingo Brualla. Se les imputan los delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.
Además, procesó como partícipes a título lucrativo a otras seis personas: María del Mar Fernández Cerratos, Felisa Montoro Feijóo, Natalia Paloma Guijarro, Juan Javier Guijarro, Rubén Guijarro y Sonia Guijarro. El magistrado concreta que ha cuantificado el daño patrimonial en los mencionados 1.928 millones de euros «por el importe de déficit patrimonial de la compañía», cantidad menor que la del pasivo exigible por los contratos de inversión en mayo de 2006, que alcanzó los 2.574 millones, debido a que esta última suma «se ve aminorada por los activos» de la empresa.
EUROPA PRESS
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