Según informó la propia Facua en un comunicado, la audiencia no entra en su resolución en el fondo del asunto, ya que con lo que se queda es que la asociación debió comunicar previamente de manera fehaciente a los casi cuatro millones de clientes que interpondría la demanda.

Según el tribunal, Facua debería haber asumido un gasto de alrededor de 150 millones de euros en burofaxes para garantizar que todos y cada uno de los usuarios de Movistar Fusión eran conocedores de que se iba a interponer esa demanda, por si decidían sumarse a ella o emprender otras acciones judiciales. La Audiencia reconoce que existen «especiales dudas de Derecho» sobre su decisión y por ese motivo ha decidido no condenar en costas a Facua.

Ante el auto judicial, Facua dice que va a batallar para que el Gobierno de España modifique la legislación y facilite así que las asociaciones de consumidores puedan disponer de todas las armas legales necesarias para defender los intereses colectivos de los consumidores ante cualquier clase de comportamiento empresarial abusivo.