Así consta en el informe sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social emitido este miércoles, en el que el organismo constata un déficit estructural en el Sistema entre un 1,3% y un 1,5% del PIB. “Es factible y deseable que dicho desequilibrio sea asumido por el Estado, y cerrar esta brecha, ya que visualizarlo como un problema de las administraciones públicas permitiría reducir la incertidumbre existente respecto a la sostenibilidad de la Seguridad Social”, según el informe.

En concreto, la Airef plantea a corto plazo reducir el tipo de cotización por desempleo entre tres y cuatro puntos en favor de la cotización por contingencias comunes (pago de pensiones), y por tanto, de la Seguridad Social, asumiendo el Estado esa pérdida de ingresos para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Fuentes de la Airef consideraron que “existen gastos cuya propia naturaleza contributiva es discutible”. Aseguraron que el tipo global actual se mantendría invariable, tan solo habría una “redistribución” dentro del mismo de cara a variar su destino en las cuentas de la Seguridad Social.

A esta propuesta se suma también el traspaso al Estado de gastos no contributivos que actualmente soportan las cotizaciones, como son, entre otros, los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, de medidas de fomento del empleo consistentes en la reducción de cotizaciones, de las prestaciones por maternidad y paternidad y las subvenciones implícitas a regímenes especiales.

Con esta iniciativa y según el análisis de la Airef, el déficit del Estado pasaría a incrementarse hasta el 2,2% del PIB, tras asumir el déficit promedio del 1,4% de la Seguridad Social.

La Airef destaca que eliminar el déficit de la Seguridad Social “reduciría la incertidumbre respecto a la sostenibilidad del Sistema, la cual genera distorsiones en la toma de decisiones de los agentes económicos, tanto de los pensionistas como de los cotizantes, afectando a sus decisiones de ahorro y consumo y llevando a una desafección generalizada con el funcionamiento del sistema”.

A largo plazo, este organismo plantea profundizar en la reforma de 2011, que modificó parámetros como la edad o la carrera de cotización a considerar para el cálculo de la pensión. En particular, propone fomentar el aumento de la edad efectiva de jubilación en España, que se sitúa en los 62,4 años actualmente, frente a los 64,3 años de la media de la OCDE, y que el periodo de referencia para el cálculo de la pensión aumente más allá de los últimos 25 años, periodo en el que se convergerá en 2022 como consecuencia de la reforma de 2011.

REVALORIZACIÓN CON IPC

Asimismo, prevé que en los próximos 30 años, el gasto en pensiones se incrementaría en 2,8 puntos de PIB, hasta llegar a representar el 13,5% del PIB en 2048, dada la “fuerte presión al alza” de los factores demográficos y el efecto compensador conjunto de la evolución del mercado de trabajo y de las reformas del 2011 y del factor de sostenibilidad aprobado en 2013.

En cuanto a la revalorización de las pensiones con el IPC, la Airef prevé que el retorno de este mecanismo de actualización en 2018 y 2019 y otras medidas sobre pensiones mínimas y de viudedad añadirán hasta 3,3 puntos porcentuales al crecimiento anual inercial del gasto en pensiones a futuro.

Fuentes de este organismo aseguraron que se tendrá que plantear una alternativa si se sustituye el actual Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), porque si no, se generarían “problemas de sostenibilidad a partir de mediados de la década próxima”.

Mientras, respecto al factor de sostenibilidad, estas mismas fuentes señalaron que no les consta que este elemento “esté condenado” y pidieron esperar a las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Entre otras medidas que considera la Airef para mitigar el impacto de la demografía plantea una política “abierta, flexible e integradora de acogida” de inmigrantes, medidas de adaptación a las necesidades del mercado de trabajo y políticas de atracción de trabajadores con alta cualificación. La Airef prevé unas entradas anuales netas promedio de inmigrantes en el periodo 2018-2048 es entre 220.000 y 320.000 personas.