Una proposición no de ley que nació en el seno de Unión Progreso y Democracia y que cuenta con el respaldo de Partido Popular, Ciu; pero con la abstención del Partido Socialista, a pesar de que el Grupo que lidera Pérez Rubalcaba había presentado una fórmula muy similar.

Según el texto, tanto el Banco de España como la CNMV podrán utilizar todas las competencias que les otorga la normativa, e incluso sancionar a aquellas entidades financieras que no atiendan o respondan en un plazo de dos meses a las quejas y reclamaciones recibidas por parte de sus clientes.

Además, los supervisores bancarios estarán obligados a publicar un listado con las entidades que mejor relación mantengan con sus clientes.

Con esto, el Congreso pretende enfriar el número de reclamaciones, disparadas desde que las 17.000 contabilizadas anuales alcanzadas antes de la crisis a las 35.000 recogidas el pasado 2013.