El Proyecto de Ley aprobado hoy por el Gobierno catalán, con el que la Generalitat prevé un coste impositivo para los bancos de entre 850 y 1.650 euros al año por vivienda desocupada, es a juicio de la Asociación Española de Banca (AEB) «en principio inconstitucional, al vulnerar el artículo 6.3 de la LOFCA, que desarrolla el artículo 133.2 de la Constitución, pues recae sobre un hecho imponible ya gravado por un tributo local».

Así lo ha confirmado un portavoz de la AEB al programa Última Hora, de Gestiona Radio, quien también considera que este impuesto «sería discriminatorio y vulneraría el artículo 14 de la Constitución, al gravar únicamente los inmuebles propiedad de las entidades de crédito y no los de cualquier otro propietario». Según la AEB, «iniciativas tributarias de esta naturaleza agravan la fragmentación del mercado interior y restan competitividad a la economía española».

La Asociación Española de Banca también pone de manifiesto que «los bancos no mantienen viviendas desocupadas por su voluntad y sin razones justificadas. Por el contrario, se han encontrado con la propiedad de numerosos pisos como resultado indeseado de créditos hipotecarios fallidos, por los que los bancos han tenido ya que asumir pérdidas cuantiosas», explica.

Por otra parte, el portavoz consultado de la AEB también ha querido resaltar que el objetivo de las entidades es vender lo antes posible las citadas viviendas, «lo que lamentablemente no pueden hacer dada la crisis económica e inmobiliaria en curso» y asegura que «resulta pues incomprensible que se pretenda gravar y penalizar la tenencia no deseada de las citadas viviendas».

Los planes de la Generalitat

La valoración de la AEB se refiere al primer paso dado este martes por el Gobierno de la Generalitat para instaurar un impuesto a las viviendas desocupadas propiedad de las entidades financieras, con el objetivo declarado de incentivar a estas a ponerlas en el mercado de alquiler. Eso es al menos lo que ha argumentado el Ejecutivo autonómico que, sin embargo, admite que tendrá un efecto en la recaudación de entre 13 y 26 millones de euros al año.

El Govern ha presentado la memoria preliminar del anteproyecto de ley que contempla este impuesto, después de que lo aprobara el Consejo Ejecutivo de este martes. La medida contempla una carga de entre 3 y 6 euros por metro cuadrado a las entidades financieras con una superficie de viviendas desocupadas de hasta 10.000 metros cuadrados, de entre 7 y 10 euros para las entidades con un total de entre 10.000 y 50.000 metros cuadrados, y de entre 11 y 20 euros para aquellas con más de 50.000 metros cuadrados vacíos.Según ha explicado el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, en rueda de prensa «sólo se prevé aplicarlo en los 70 municipios catalanes con una mayor demanda de vivienda, y se calcula que afectará a unos 15.000 inmuebles».

Bonificaciones para quienes alquilen

El anteproyecto de ley prevé también bonificaciones en el impuesto para los bancos según el porcentaje de pisos vacíos que destinen al alquiler: un 10% de bonificación si destinan entre un 5% y un 10% del total, un 30% si destinan entre un 10% y un 25%, un 50% si destinan entre un 25% y un 40%, y un 70% si destinan más de un 40% del total de pisos vacíos.

Con estas cifras, el propio ejecutivo catalán calcula que cada vivienda vacía tendría que tributar entre 850 y 1.650 al año. Una cantidad que supone «un estímulo suficiente para los bancos como para que se decidan a poner estas viviendas en alquiler» según explica Vila.

El nuevo impuesto se aplicaría sobre las viviendas que lleven desocupadas «por razones no justificadas» más de dos años, y entraría en vigor el 1 de enero de 2015, por lo que no tendría incidencia en los presupuestos de 2014.

Según las fechas facilitadas hoy por la Generalitat,está previsto que la normativa empiece a tramitarse en el Parlamento autonómico este verano.